El incremento de los accidentes mortales en los primeros meses de este año es una muestra evidente de la manifiesta reducción de los niveles de calidad de los Servicios de Prevención Ajenos. Para CCOO esta situación podría agravarse aún más ante una previsible precarización de las condiciones laborales en el sector.
La evolución en los últimos meses de la siniestralidad laboral mortal apunta a un cambio en su tendencia de reducción que venía experimentando desde hace más de una década. El número de fallecidos en jornada de trabajo se ha incrementado en un 5,5 % en los cuatro primeros meses de 2013 y, lo que es más preocupante, el índice de incidencia de accidentes mortales ha experimentado un variación del 12% respecto al mismo periodo del año pasado. Sólo en 2012 se produjeron 555 víctimas mortales por accidentes laborales en nuestro país, una cifra que resulta inaceptable.
A juicio de CCOO, el retroceso sustancial en las políticas de salud laboral y la reducción de la calidad de los servicios de prevención ajenos se encuentran tras estos datos. Las empresas reducen sus presupuestos para actividad preventiva y optan por la oferta más económica en lugar de evaluar la calidad del servicio que se presta.
A esta situación se suma que los Servicios de Prevención Ajenos obligan a sus técnicos y sanitarios a asumir cada día mayor cobertura preventiva de empresas y trabajadores, superando ampliamente los límites fijados por la legislación vigente, con el fin de abaratar costes y competir en la brutal guerra de precios en la que se encuentra el sector, reduciendo significativamente la calidad de la salud laboral.
Este círculo se cierra cuando la Administración hace dejación en su control y además el Gobierno pretende deshacerse de las “Sociedades de Prevención”, las únicas entidades sobre las que se mantiene cierto control público.
Los profesionales de las empresas de prevención se encuentran ante situaciones insólitas: por un lado pierden su trabajo si exigen a sus empresas el cumplimiento de los ratios legalmente establecidos, y por otro, resultan imputados por los Jueces ante accidentes laborales graves como resultado de planificaciones preventivas deficientes. Todo ello en un marco cada vez más desregulado, donde las patronales (ASPA, ANEPA Y ASPREM) tensan la negociación del II Convenio Colectivo del sector de la prevención con propuestas que pretenden desmantelar los derechos laborales y recortar las condiciones salariales, entorpeciendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo necesario.
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Fuente: CCOO Aragón