La muerte del magistrado titular del juzgado de lo social número 25 de Madrid ha obligado al Consejo General del Poder Judicial a activar la maquinaria para que las administraciones públicas cumplan con la normativa de prevención de riesgos laborales. La comisión permanente ha decidido inspeccionar las sedes judiciales de toda España y dirigirse al gobierno de Ignacio González para que implanten en la comunidad de Madrid “las medidas necesarias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales”.
El Poder Judicial ha decidido plantar cara a la administración pública para evitar casos como el del magistrado Ángel Luis del Olmo Torres, magistrado titular del juzgado de lo social número 25 de Madrid, que falleció este lunes de un infarto cuando salía del ascensor de la sede judicial para acudir al juzgado. Su cuerpo permaneció en el suelo por espacio de más de media hora hasta que llegaron los servicios emergencia. Esta muerte sirvió para destapar graves deficiencias de mantenimiento en el edificio que depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que no cuenta con desfibrilador, ATS o médico. Unas reivindicaciones que los jueces ya habían hecho llegar al ejecutivo regional.
La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado por unanimidad reclamar al gobierno de Ignacio González que implante “las medidas necesarias en el ámbito de prevención de riesgos laborales en los edificios judiciales de la Comunidad de Madrid”. Además, abre una inspección en los juzgados de toda España para ver si las instalaciones se ajustan a las exigencias que marca la ley.
Fuente: Cadena Ser
