La prevención de la violencia en el trabajo en Venezuela
Generalmente cuando en Venezuela se pregunta lo que se considera pueden ser entornos violentos, sorpresivamente para algunos, se mencionan los centros de trabajo ya que allí han sido testigos o peor aún protagonistas de actos violentos.
Según la norma “Prevención e Intervención de la Violencia en el Lugar de Trabajo” (ASIS/SHRM WVPI.2011), se define a la violencia en el lugar de trabajo como “diversidad de comportamientos, incluyendo actos de violencia declarados, amenazas y otras conductas, que generan una inquietud razonable por la seguridad frente a la violencia, cuando exista un nexo entre el comportamiento y la seguridad física de los empleados y de terceros (tales como clientes y socios) en el lugar de trabajo, o fuera de él si se encuentran allí por motivos relacionados con la organización”.
Aunque es muy específico en cuanto al concepto, las formas que toman la violencia y sus repercusiones son diversas y existen varias formas de clasificarla.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), desarrolló una clasificación por categorías, en las que se considera el lugar de trabajo y la relación del autor de la violencia con la víctima.
De acuerdo a esta organización, la violencia tipo I incluye principalmente las acciones violentas motivadas a robos. Generalmente no existe ninguna relación entre quien perpetra la violencia y su víctima. Entre los trabajadores con mayor riesgo están los que trabajan en bancos, comercios, taxistas, entre otros.
La violencia tipo II abarca aquellos sucesos que se producen mientras se desarrolla un servicio que presten por ejemplo vendedores, conductores de transporte público o trabajadores del área de la salud. Existe una relación profesional de algún tipo entre el victimario y la víctima, pudiendo ser el primero quien recibe un servicio en el centro de trabajo por parte de la empresa o directamente por la víctima.
En la violencia tipo III la víctima tiene una relación laboral directa con su atacante, es decir pueden ser compañeros de trabajo del mismo o diferente nivel organizacional. También se incluyen los casos en los que existe una afinidad personal tal como familiares o amigos. En última instancia pudiera suceder que el atacante dirija sus actos hacia el centro de trabajo en sí mismo y no a personas en particular. Cuando se desarrollan los hechos, el trabajador se ve afectado directa o indirectamente.
Cuando observamos esta clasificación se nos hace fácil incluir hechos cada vez más frecuentes en la sociedad venezolana: robos a establecimientos comerciales y en vehículos de transporte público urbano, profesionales de la medicina que son amenazados y hasta lesionados por sus propios pacientes o familiares de los mismos, grupos violentos que actúan en empresas de ventas de alimentos o medicamentos y donde los trabajadores pasan a ser víctimas.
Para las organizaciones públicas y privadas, independientemente de su naturaleza le es posible y necesario, implementar programas de prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo.
Para ello se requiere contar con el apoyo de la alta dirección y conformar un equipo multidisciplinario en el cual participan entre otros, las unidades de recursos humanos, asesoría jurídica, seguridad, servicio de seguridad y salud en el trabajo, comités de seguridad y salud laboral, líderes sindicales así como los comités que manejan las gestiones de crisis, riesgo, relaciones públicas y comunicaciones corporativas.
Se debe realizar una evaluación de las necesidades de la organización, donde se evalúan las vulnerabilidades generales a la violencia, las prácticas de prevención e intervención vigentes y la seguridad física. Se desarrollan los elementos del programa: políticas, conformación del equipo de gestión de amenazas, análisis del entorno, procesos de gestión y protocolos de atención a eventos violentos, así como estrategias específicas de alto riesgo y otras adicionales.
Por otra parte, se establecen los pasos para la implementación exitosa del programa y se diseñan respuestas a las diversas amenazas, considerando para ello las señales de advertencia, la denuncia de comportamientos problemáticos y los medios a disponer para la misma, el papel de las fuerzas de orden público, las acciones tempranas y las que se desarrollan durante y después del incidente violento.
Todo se complementa con un análisis de los hechos para identificar oportunidades de mejora en la infraestructura física, los procedimientos o la preparación del recurso humano. Los resultados alimentarán una base de datos que permita identificar tendencias y anticiparse ante posibles situaciones de riesgos futuros.
Autor: Alfredo Yuncoza
Fuente: El Universal