Piden 32 años para los ocho procesados por el accidente mortal de dos trabajadores
El fiscal pide una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de los ocho acusados a los que cree presuntos autores de un delito contra el derecho de los trabajadores y de imprudencia grave con el resultado de dos homicidios, que tuvieron lugar al producirse un corrimiento de tierra en una obra que sepultó a dos operarios.
Los hechos ocurrieron en enero de 2005, durante la construcción de unas viviendas y el fiscal acusa a los promotores de la obra, de las empresas subcontratadas, a los arquitectos y a los encargados por diferentes irregularidades sobre la legislación de seguridad y de prevención laboral.
Según relata el escrito del ministerio público, las dos personas fallecidas trabajan en la construcción de 90 viviendas. También especifica que los dos trabajadores incumplían la Ley de Riesgos Laborales mientras se colocaba la armadura de una zanja, de la que uno de los laterales se desprendió y les sepultó.
La excavación «se realizó sin adoptar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad de la pared vertical excavada y la profundidad del vaciado que superaba el nivel freático indicado en el estudio geotécnico», añadió.
Así, continúa el fiscal, el proyecto de ejecución de la excavación se había modificado con ‘bataches’ (una técnica de excavación) y tampoco se disponía del estudio de seguridad y salud que debía acompañar al documento. El administrador de la promotora de la obra es uno de los acusados, lo mismo que el aparejador contratado por esta como coordinador de seguridad.
El fiscal especifica que, según sus datos, ninguno de los dos ofreció las instrucciones adecuadas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y emergencias y no realizaron el estudio de seguridad y salud establecido en la normativa legal.
La empresa promotora había contratado a otra para ejecutar la obra, de la que el fiscal acusa al administrador, a un arquitecto que era director de los trabajos y al encargado, los primeros por, presuntamente, no elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo; y del tercero especifica que, al parecer, fue quien dio las órdenes al palista.
Los trabajos de excavación fueron subcontratados a otra empresa, a la que pertenece el sexto de los acusados, que, para el fiscal, fue quien realizó la excavación, «con cortes totalmente verticales, sin adoptar ninguna medida de sostenimiento o refuerzo».
Para cada acusado el fiscal pide cuatro años de prisión. Además, pide que indemnicen de forma solidaria con 125.000 euros a los herederos de uno de los fallecidos, ya que los del otro han renunciado a ejercer acciones o a recibir una compensación. Y reclama que las empresas implicadas sean responsables civiles subsidiarios.