DGD es un Técnico Superior que trabajaba en un pequeño Servicio de Prevención Ajeno de la provincia de Almería. Una empresa que buscaba la calidad y el buen trabajo y que, por esa misma razón, no cargaba la cartera de clientes de sus profesionales, como hacían otros SPA.
Pero todo eso cambió en 2014, cuando su empresa fue adquirida por un Servicio de Prevención de ámbito estatal, de los que aprovechó la crisis económica para adquirir empresas más pequeñas y crear uno de los mayores grupos empresariales de servicios de prevención del país, sustentado económicamente por un fondo de inversión que le exige permanentemente más y más rentabilidad. Este grupo ha hecho, del arte de caminar por el filo de la navaja de la legalidad y de explotar a su plantilla, su filosofía de trabajo.
Nuestro protagonista, habiendo superado cualquier límite en los niveles de frustración, se atrevió a enviar un correo electrónico a toda la plantilla preguntándose ¿Hacemos Prevención? en el que pedía hacer una reflexión sobre si, el deber de velar adecuadamente por la vida e integridad personal de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, era compatible con mantener cargas de trabajo de 300, 400 ó 500 centros de trabajo por técnico, con jornada laboral de 30 horas semanales.
Si convivir con la presión de reducir constantemente los retrasos en la emisión de informes o cumplir los objetivos de ventas, era compatible con realizar adecuadamente el análisis y evaluación de todos los procesos e instalaciones de las empresas, certificando que los riesgos se han eliminado o se encuentran controlados. Si se podía mantener en el tiempo emitir documentación “quita multas”, con el riesgo de caminar por la cuerda floja para que no se produzca un accidente grave, que tenga consecuencias indeseables para un trabajador o trabajadora y que conlleve la responsabilidad penal del técnico, mientras su servicio de prevención sale “de rositas”.
Se lamentaba igualmente, que en su empresa, pese al volumen de plantilla que tenían, no hubiese representación sindical que sirviese de contrapeso al abuso empresarial constante, sometidos por el miedo a represalias o a perder su puesto de trabajo.
Este Servicio de Prevención, en lugar de analizar si las reflexiones de nuestro protagonista resultaban fundadas como para plantearse cambios en su gestión, procedió a despedirle disciplinariamente y de forma inmediata.
Lamentablemente esta historia no es ficción, está basada en hechos reales, se produce con más frecuencia de la que desearíamos y tiene consecuencias nefastas para la seguridad y salud de la clase trabajadora.
Los datos de siniestralidad laboral del primer trimestre de este año no dejan lugar a dudas:
Según datos del Ministerio de Empleo, entre enero y marzo, 101 personas perdieron la vida en el trabajo y se contabilizaron 88.957 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al mismo periodo de 2016.
Por su parte, los accidentes con baja de carácter leve se incrementaron en un 6,4%, mientras que los graves lo hicieron en más de un 12%. También se notificaron 105.787 accidentes sin baja, un 0,4% más que en el primer trimestre del año pasado.
Desde la Federación de Servicios de CCOO hemos considerado que este 28 de Abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando se cumplen 20 años de la publicación del Reglamento de los Servicios de Prevención Ajenos y recién alcanzado un pre-acuerdo en el Convenio Sectorial para los años 2017 y 2018, resulta un momento oportuno para poner en evidencia tanto el incremento de los datos de siniestralidad, como sucesos como el descrito en nuestra historia, muestras evidentes de que algo no funciona adecuadamente en este sector.
Para CCOO resulta imprescindible abordar un análisis exhaustivo y global de la situación en esta materia, contando con todos los partidos, los agentes sociales y con la participación del sector, representado por el Observatorio Sectorial creado en el ámbito del Convenio Sectorial, para elaborar propuestas que permitan reconducir la situación actual.
