Es bien conocido que la aplicación de la legislación vigente en prevención de riesgos laborales puede conllevar asumir responsabilidades en materia administrativa, social, civil o penal y los años que han transcurrido desde la publicación e inicio de la aplicación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales así lo demuestran. En estos momentos, a pesar de la juventud de la norma, existe ya prolija jurisprudencia en este ámbito que, además, se va desarrollando con cierta rapidez y, a la vez, concretando sus criterios.
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