Los profesionales PRL encuentran en la norma y la legislación una herramienta para la puesta en marcha de medidas preventivas. Pero la burocratización de los sistemas ha supuesto un lastre al desarrollo de sus funciones.
Los actores implicados en las tareas de gestión documental de la CAE, las empresas y contratas, en ocasiones apuntan a la Coordinación de Actividades Empresariales como culpable de la burocratización de los sistemas de gestión documental. Pero es la propia CAE y las plataformas de gestión documental como e-coordina las que han hecho posible que la tarea, su mecanización y sistematización eviten que el Crecimiento excesivo de las funciones administrativas y documentales se conviertan “en rasgo dominante del conjunto de relaciones sociales (laborales en este caso)”, que es lo que en esencia, define la excesiva burocratización de un sistema
Había que hacerlo. Me refiero a coordinar las actividades empresariales en materia de PRL. Lo dice la ley. El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL, en materia de CAE. La ley se lleva a cabo mediante la oferta de un abanico de posibilidades que permite “la elección de los medios más adecuados y eficientes para coordinar las actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales”. La eleccion del método exigirá una implicación real en la CAE. Este compromiso es lo que diferenciará la eficacia del sistema con el cumplimiento meramente formal.
Las plataformas y aplicaciones lo que han conseguido es facilitar la tarea. Aportan agilidad, seguridad jurídica o ahorro de tiempo, entre otros factores. Aun así, las plataformas y sus aplicaciones, “valen para lo que valen, no gestionan”. Así lo apuntaba, honestamente, Íñigo Martínez, CEO de e-coordina, en su intervención en el último congreso de Prevencionar. Martínez se mostró en contra de una revisión de la norma: Las empresas piden los documentos a sus proveedores (contratas) tratando de salvaguardar sus posibles responsabilidades jurídicas. La norma es suficiente. Está abierta y nos permite seleccionar procedimientos. No requiere de mayor regulación.
