Tras cuatro años de litigio entre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, acerca de la forma adoptada para organizar sus recursos para la gestión de las actividades preventivas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha indicado la falta de cumplimiento de varios artículos relacionados con la normativa de prevención de riesgos laborales en la Administración, requiriendo a la Junta para que se cree un servicio propio de prevención de riesgos laborales.
A partir del requerimiento la Consejería de Administración Autonómica tiene 15 días para presentar sus alegaciones al mismo, en caso de que la Administración autonómica no hiciera alegato alguno en este tiempo, la propuesta de requerimiento tendría ya carácter definitivo y la Junta tendría un plazo de 9 meses para tomar las medidas oportunas encaminadas a la creación de un servicio de prevención propio.
