Las empresas de la construcción siguen siendo la principal preocupación del Gobierno vasco en el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laborales -el año pasado se registraron nueve muertes, 45 accidentes graves y 4.300 con baja-, salarios y convenios colectivos. Por ello, los planes de inspección para este año mantienen la lupa sobre este sector, ahora con las nuevas posibilidades y perspectivas que permite la reciente transferencia de la Inspección de Trabajo, según indicó a EL CORREO la viceconsejera de Trabajo, Sonia Pérez.
Por primera vez, el control de las empresas que trabajan en la construcción será objeto de una campaña integral, en la que los inspectores del Ejecutivo de Vitoria podrán descender a «los detalles», merced a la coordinación que mantienen con Osalan, Lanbide y la autoridad laboral. Esta es también la primera vez que el Gobierno puede definir sus prioridades y los planes de actuación de manera autónoma, lo que le ha llevado a concretar programas «pegados al terreno». En el caso de la construcción supondrán en muchos casos que el inspector se pase «todo el día» controlando aspectos como la prevención de riesgos, la subcontratación, la situación y condiciones de trabajo de los empleados transnacionales, la actuación de los trabajadores autónomos…
Los sistemas de inspección trabajan tanto por directrices de los responsables del Ejecutivo como en respuesta a las denuncias. En la construcción, señala Sonia Pérez, las reclamaciones son el origen de la mayor parte de las visitas de control a las empresas, y la orden es darles prioridad.
En 2011 fueron casi 7.000 las denuncias formuladas por operarios y sus representantes para que actuara la Inspección de Trabajo o la de Osalan por incumplimientos de la normativa vigente. En ese mismo ejercicio se sancionaron un total de 2.376 infracciones en materia laboral, lo que se tradujo en la imposición de multas por valor de algo más de 8,26 millones de euros; supuso un incremento del 13% respecto a 2010, según los datos facilitados hace unas semanas por el Ejecutivo.
Fuente: El Correo
