El Ministerio de Empleo y Seguridad Social lleva aproximadamente un año trabajando sobre un borrador para elaborar un Real Decreto con el que modificar la legislación al respecto de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (bajas laborales) durante el primer año de su duración. Unas modificaciones que, según un informe publicado el pasado viernes por la Federación de Asociaciones de Inspectores de Servicios Sanitarios (FAISS), “ha suscitado una natural preocupación“ debido a la “merma de derechos y la falta de garantías para el trabajador”.
A grandes rasgos, el punto más controvertido del nuevo borrador, emitido por el Ministerio de Fátima Báñez el pasado mes de octubre, pasa por la capacidad de facto que tendrán las mutuas para dar de alta a un trabajador en el caso de haber causado baja por una enfermedad fruto de su actividad laboral o un accidente en el lugar de trabajo. Una potestad basada en el llamado silencio administrativo. El otro aspecto que más polémicas suscita es el del acceso al Historial Clínico Electrónico (HCE) del paciente tanto por parte de los inspectores de Sanidad como de los médicos que trabajan para las mutuas.
Según un informe elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública (FADSP) en mayo del año pasado, “el alto volumen de fraude en la IT [incapacidad temporal] es un lugar común en el discurso del INSS, el Ministerio de Trabajo y la patronal a pesar de que nunca se han presentando estudios objetivos que lo demuestren“. A pesar de ello, la FADSP lamenta que este argumento haya servido como “imponer reformas legislativas y reglamentarias de la IT que han supuesto un importante recorte económico y social de la prestación sin que éstas, a la vista de las sucesivas reformas, hayan logrado contener o modificar el supuesto fraude“.
Un engaño en las bajas laborales que, tal y como asevera el portavoz de la Asociación de Médicos y titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Pablo Martínez, da a entender que tanto los pacientes como los profesionales sanitarios están “actuando de manera fraudulenta“. Éste es el motivo por el que desde esta asociación ya han advertido de que tomarán medidas legales si se pone en duda la credibilidad de los médicos. “Si escuchamos cualquier comentario del que se pueda desprender que estamos obrando de manera ilegal, tendremos que interponer una demanda. No lo vamos a tolerar“, advierten.
Para defender su postura, la FAISS argumenta en su informe que, si bien el porcentaje de fraude comprobado a partir de datos del INSS es del 14%, se ha aceptado como válido que este porcentaje, en realidad asciende al 20%. Es decir que, por esta causa, se ha generado un gasto público de 1.500 millones de euros. Sin embargo, denuncian, “sí existen algunas evidencias del alto volumen de fraude en la IT por contingencias profesionales gestionadas por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales“.
Hasta 1995 era la Seguridad Social quien se encargaba de pagar el sueldo a todo aquel trabajador que, por el motivo que fuera, tuviera que solicitar una baja. A partir de este año, en virtud de lo contenido en el Real Decreto 1993/95, la ley permitió que las mutuas de accidentes se hicieran cargo de la cobertura de bajas por enfermedades comunes, una norma al que aproximadamente el 80% se acogió. Más información
Fuente: lamarea
