Una vez más CCOO ha lamentado la muerte de un nuevo trabajador mientras que trabajaba como especialista en extinción de incendios forestales. Se trata de la cuarta muerte en lo que llevamos de 2015, un año en el que la incidencia de accidentes laborales en la provincia de Córdoba está siendo especialmente elevada con 3.885 accidentes.
Desde el sindicato se ha dejado claro que la muerte de este trabajador en Cerro Muriano ha sido considerada como accidente laboral. Ante esto, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Carlos Núñez ha explicado que el personal especialista de extinción de incendios forestales soportan un estrés térmico lo suficientemente elevado como para provocar alteraciones del su sistema termo regulatorio, lo que unido a la presión psicológica y el peligro que conlleva el manejo de útiles y herramientas para su labor convierte su trabajo en una profesión de alto riesgo. Además, ha añadido que “se trata de un trabajo poco valorado por la administración que cuenta con un salario de unos 1.100 euros mensuales”.
De hecho el 62% de los accidentes mortales ocurridos al personal terrestre de la lucha contra incendios forestales están provocados por el propio incendio. De hecho la causa principal de de estos accidentes mortales son el atrapamiento entre las llamas ya sea por la propagación explosiva del frente de llamas ya sea por circunstancias atmosféricas o debidas al comportamiento del fuego. Entre los accidentes que no tienen que ver con el fuego, el 60% se deben a infarto de miocardio.
Ante esta situación desde CCOO “exigimos a la administración más medios humanos y mejores condiciones laborales, además de una mayor inversión en prevención de riesgos laborales.
Y es que con las actuales tasas de desempleo, de precariedad laboral y abuso patronal que se aprovechan de la crisis, muchos trabajadores y trabajadoras callan, aguantan sin reclamar sus derechos incluso los de prevención de riesgos laborales, ante el temor de ser despedidos prácticamente gratis.
En este sentido desde CCOO y UGT, se exige el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el apoyo en la concienciación a través de campañas por parte de las administraciones, así como de forma contundente, de las sanciones establecidas legalmente.
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