El Parlamento ha exigido este martes al Gobierno que obligue a realizar evaluaciones externas de las acciones que lleva a cabo la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en la que el Tribunal de Cuentas detectó que, durante sus primeros ochos de funcionamiento, se habían producido autoadjudicaciones de los sindicatos, a veces incluso antes de presentar sus propuestas de actuación.
Así lo ha decidido la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que ha aceptado las propuestas de resolución presentadas por el PP, entre las que se incluía la exigencia de realizar un seguimiento y evaluación constantes de los resultados obtenidos con las diferentes acciones de la Fundación, abogando por la “convocatoria pública de evaluaciones externas”.
Y es que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señaló en su Informe de Fiscalización sobre la gestión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales que los sindicatos UGT y CC.OO. adjudicaban las acciones que ellos mismos ejecutaban, que posiblemente se pactaba el reparto de los fondos antes incluso de presentar las propuestas de actuación y que había una falta de control sobre si se habían cumplido los objetivos establecidos.
CONTROLES “EXHAUSTIVOS”.
Además, las Cortes instan al Ejecutivo a aplicar un sistema de seguimiento y control “exhaustivos” de la documentación justificativa de los gastos imputados a las diferentes acciones a partir de datos “homogéneos”, y un análisis de las necesidades “reales” de las empresas y los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales a partir del cual fijar los planes de actuación específicos.
Se pide asimismo al Ejecutivo que, en próximas convocatorias, mantenga la obligación de especificar “criterios claros” sobre la posibilidad de imputar gastos a las acciones en aquellas situaciones de “ausencia prolongada del trabajador de su puesto de trabajo”, regulando el tratamiento de estas situaciones.
A propuesta del PSOE, la Comisión también ha aprobado pedir al Gobierno criterios de reparto “objetivos y debidamente ponderados” entre las diferentes acciones propuestas para que realice la Fundación, y que se regule el procedimiento de análisis del resultado de las acciones concedidas, “con el objetivo de garantizar la eficacia y la eficiencia en la asignación de recursos públicos”.
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