
La existencia de amianto en los trenes del Metro de Madrid fue confirmada por la compañía a medidas de febrero de este mismo año. El mineral tóxico se encontró en determinados de las líneas 1, 6 y 9. Por entonces Metro de Madrid aseguraba seguir investigando los lugares que podían contener amianto. La Dirección General de Inspección de Trabajo comenzó un proceso administrativo por el que pedían a Metro de Madrid una sanción de 191.000 al no tomar medidas suficientes para evitar la exposición de amianto a sus trabajadores. Ahora, este departamento ha llevado el caso a la Fiscalía para que se pronuncie si puede haber algún tipo de responsabilidad penal o civil. El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante ha revelado este viernes que la compañía no va a presentar aún alegaciones al proceso administrativo propuesto por Inspección de Trabajo. “Estamos recopilando la información para las alegaciones y cuando sea requerido será aportada, pero el proceso ahora está suspendido por la remisión a la Fiscalía”, ha subrayado Carabante en su comparecencia en un encuentro con los medios de comunicación que ha tenido lugar este pasado viernes.