La necesaria paralización de la actividad que trajo consigo la declaración del Estado de Alarma por el RD 463/2020, complementada por el RDL 9/2020, ha venido siendo imprescindible con el fin de minimizar al máximo el riesgo de contagio del COVID-19 ya en los centros de trabajo, ya en los procesos de movilidad que lleva consigo el acudir a aquellos.
Asistimos ahora a una etapa extremadamente sensible en la cual la vuelta a la actividad debe estar muy matizada, exigiéndonos la alerta ante cualquier desestabilización que produjera un incremento en el riesgo e, incluso, que impidiera el retorno a la normalidad en términos de salud al conjunto de la población, y específicamente de las personas trabajadoras. En suma, la desrestructuración de las medidas frente a la pandemia no puede suponer el incremento de la tensión en un Sistema Nacional de Salud ya sobradamente saturado.
Por ello, las indicaciones que aquí se detallan tan solo pretenden servir de apoyo a un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro en ningún caso el bien más importante: la salud y la vida de las personas.
El proceso de reincorporación al trabajo debe ir tutelado por el Diálogo Social. La constante participación de las organizaciones sindicales y patronales en diálogo fluido sectorial, que vaya bajando hasta los niveles sucesivos puede facilitar un éxito que igualmente depende de un férreo compromiso de las empresas a fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas para no poner en peligro a la población trabajadora y sus familias.
Con anterioridad, ya hemos reseñado al Gobierno nuestras propuestas respecto del “cómo” debe producirse esta lenta reincorporación a la “normalidad”. Y también hemos advertido de que la normalidad futura debe ser diferente, sobre otro modelo. De forma, que nuestra sociedad pueda asumir este y futuros retos de forma solidaria y eficaz. En este documento, tan solo se pretenden reflejar ciertas pautas mínimas y propuestas que consideramos de necesario seguimiento para efectuar una transición sin riesgo para la población. Con la advertencia, de que son los expertos los que deben aconsejar al Gobierno de las medidas que momento a momento requiere una situación inesperada y cambiante y éste el obligado a implementarlas.
Fuente: UGT
