La prevención de riesgos laborales en la carrera judicial ha vuelto al centro del debate institucional tras el último Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), celebrado el 25 de marzo. El asunto figuró expresamente en el orden del día, donde se incluían cuestiones relativas a la “prevención de riesgos laborales de los jueces, juezas, magistrados y magistradas”.
Lo relevante no es solo que el tema haya llegado de nuevo al Pleno, sino el sentido de la decisión adoptada. Según la información publicada en los últimos días, el CGPJ aprobó un marco de bienestar judicial como apoyo al ejercicio independiente de la función jurisdiccional, pero rechazó la propuesta que buscaba una integración más clara y robusta de la carrera judicial en la lógica de la prevención de riesgos laborales, con medidas más concretas sobre salud laboral, riesgos psicosociales y cargas de trabajo.
La discusión no nace de la nada. En 2022, el propio CGPJ y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio de colaboración para mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados, reforzar la coordinación institucional y avanzar en modelos homogéneos de prevención para quienes prestan servicio en la Administración de Justicia. Ese acuerdo también aludía a la necesidad de mejorar la información, el análisis y la investigación de las causas de accidentes y riesgos, así como a integrar la perspectiva de género y la protección de personas especialmente sensibles.
Por tanto, sostener hoy que la cuestión preventiva es ajena a la realidad profesional de jueces y magistrados resulta, como mínimo, difícil de defender. De hecho, el propio CGPJ reconocía en 2022 que le corresponde garantizar la protección de la salud de los miembros de la carrera judicial, así como la evaluación de riesgos en sus puestos y la información y formación en materia preventiva.
Además, el debate actual tiene un antecedente judicial de primer nivel. En 2023, el Tribunal Supremo declaró que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, dentro del marco del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial. La sentencia fue clara al señalar que la regulación seguía siendo provisional y no definitiva, y condenó al órgano de gobierno de los jueces a regular esa cuestión.
Ese punto es especialmente importante para el ámbito de la prevención. Cuando se habla de salud laboral en la judicatura no se está hablando solo de edificios, ergonomía o condiciones materiales, sino también de carga mental, presión sostenida, riesgos psicosociales, organización del trabajo y desgaste profesional. Y ahí es donde la noticia trasciende lo jurídico y entra de lleno en el terreno de la salud y la seguridad en el trabajo.
La propuesta rechazada en el Pleno, según la información conocida, incluía precisamente elementos de ese tipo: actualización de la evaluación de riesgos psicosociales, regulación de las cargas de trabajo desde una perspectiva de salud laboral, creación de estructuras preventivas más sólidas y mejor coordinación con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.
En el fondo, lo ocurrido estos días vuelve a plantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede hablarse seriamente de protección de la salud sin un marco preventivo suficientemente claro, exigible y operativo? El CGPJ ha optado por reforzar el concepto de bienestar judicial, pero la controversia demuestra que sigue abierto el debate sobre si eso basta o si, por el contrario, la carrera judicial necesita una arquitectura preventiva más reconocible, más concreta y más alineada con los principios de la prevención de riesgos laborales.
Para el sector preventivo, la lección es evidente: incluso en ámbitos donde tradicionalmente la prevención ha tenido menos visibilidad, la salud laboral acaba reapareciendo allí donde existen sobrecarga, tensión organizativa y exposición psicosocial prolongada. Y cuando eso ocurre, el debate deja de ser solo jurídico: pasa a ser, también, profundamente preventivo.
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