El Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha afirmado que la intervención de los fiscales no puede suplantar a la Inspección de Trabajo en materia de la siniestralidad laboral, señalando la dificultad para definir el límite entre la actividad sancionadora de la inspección y la posible actuación penal en los casos de fallos de prevención laboral que pueden dar lugar a accidentes está limitando la actividad de los fiscales en esta materia.
El Fiscal Superior ha explicado que el número de intervenciones de la fiscalía por delitos de riesgo es mínimo, porque no resulta fácil, salvo en casos gravísimos, aplicar la legislación penal más allá de la actividad administrativa y sancionadora de la Inspección de Trabajo.
El incremento del número de actuaciones de la fiscalía de Castilla y León en materia de siniestralidad laboral, que sigue creciendo en número de procedimientos, como de acusaciones y de sentencias, no se debe a un aumento de la siniestralidad, sino a una mayor conciencia y rigor de los fiscales y de la jurisdicción penal sobre la gravedad de las negligencias que producen accidentes.
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