La Comunidad Autónoma del País Vasco, a pesar de situarse en una zona geográfica no expuesta a grandes riesgos catastróficos, tuvo la desgracia de padecer en 1983 una catástrofe extraordinaria provocada por lluvias torrenciales. Dicha tragedia, que acarreó numerosas pérdidas humanas y costosísimas pérdidas económicas, hubo de agitar en el ánimo ciudadano y en las instituciones el sentimiento de solidaridad y la conveniencia de protegerse y prevenir en la medida de lo posible dichas contingencias. Este sentimiento impulsó la puesta en funcionamiento de los centros de coordinación operativa creados por el Decreto 34/1983, de 8 de marzo, y el desarrollo de una política propia de protección civil, que esta ley pretende consolidar.
