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El Gobierno indulta por Semana Santa a un funcionario que facilitó miles de datos personales a mutuas laborales

indultos

El BOE de ayer recoge los 11 indultos aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros con ocasión de la Semana Santa.

  • El empleado público fue condenado por revelación de secretos
  • Consultó la base de datos casi en 9.000 ocasiones
  • Este año, las cofradías han conseguido 11 medidas de gracia para condenados, frente a las 21 concedidas el año pasado

Uno de los indultos fue solicitado por la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, fue sentenciado el pasado mes de junio por facilitar miles de datos personales de los archivos de la Seguridad Social, donde trabajaba como funcionario, a agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional y al jefe de seguridad de El Corte Inglés, “con los que tenía relación personal”, así como a mutuas laborales.

Según narra la sentencia, Francisco José García Padilla era Jefe de Negociado de Inscripción de Empresa, Afiliación, Altas y Bajas y Variaciones de Datos de los trabajadores en la sede del organismo público en Valladolid. En un primer momento, la Audiencia Provincial de Valladolid le absolvió del delito de revelación de secretos, ya que consideró que tenía autorización para acceder a la base de datos porque formaba parte de su trabajo. Y que, en todo caso, podría haber sido acusado de un delito distinto: uso indebido de información pública.

Pero el Tribunal Supremo, tras aceptar el recurso de casación del Ministerio Fiscal y la Tesorería General de la Seguridad Social, considera que “estaba justificado el acceso que exigía su actuación como funcionario, pero no otros, ni en estas bases, y aun menos en otras como aquellas de las que extrajo los datos que transmitió a terceros”. Además, argumenta, “no estaba autorizado para consultar las 8936 veces que lo hizo, los datos de trabajadores, empresas, vida laboral, prestaciones y certificados de situación de cotización, que posteriormente trasmitió”. Lo hizo entre agosto de 2008 y principios de julio de 2009.

Así, aunque aclara que no se ha podido acreditar que la entrega de estos miles de datos se realizara a cambio de dinero, el Tribunal Supremo le condenó a tres años y seis meses de prisión, multa e inhabilitación para su cargo durante seis años, con lo que pierde su plaza como funcionario. Además, la sentencia no aplicó agravantes ni atenuantes a la pena.

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