Más de 300.000 euros de indemnización y penas de dos años de cárcel para el jefe de obra, el técnico de prevención de riesgos laborales y el coordinador de seguridad de la empresa. Esa es la petición que hace la Fiscalía por un accidente laboral ocurrido en 2014 en Valdés, en las obras de construcción de la Autovía del Cantábrico en el tramo Otur-Villapedre por un delito contra la vida y la salud de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave. Tras el suceso, la víctima, un trabajador que por entonces tenía 42 años, padece múltiples y graves secuelas, entre ellas la incontinencia urinaria permanente, impotencia o la necesidad de utilizar muletas para caminar. El juicio se celebrará mañana en los Juzgados de Avilés.
Según el Ministerio Fiscal, los hechos tuvieron lugar en torno a las 17.00 horas del 2 de abril de 2014. Fue entonces cuando la víctima accedió al interior de una zanja de unos 2 metros de profundidad que carecía de sistema de entibación. Una vez en el interior, se produjo un argayo que dejó al trabajador semienterrado a la altura de las rodillas.
El corrimiento de tierras ocasionó importantes lesiones al obrero, que necesitó 510 días para recuperarse, 183 de ellos en el hospital. Como secuelas padece incontinencia urinaria permanente; impotencia, según repercusión funcional, necesidad de prótesis peneal; perjuicio estético en grado medio-modero que incluye cicatrices, aumento de diámetro de muslo, alteración de la estética corporal y necesidad de muletas para deambular; artrosis postraumática de cadera, que incluye limitación funcional y dolor; limitación de la movilidad de la rodilla izquierda; parálisis del nervio obturador; material de osteosíntesis en el antebrazo izquierdo; dolor en ese miembro; y trastorno depresivo reactivo.
Por todo ello, la Fiscalía sostiene que no se adoptaron las medidas necesarias para prevenir el suceso, por lo que considera que se cometió un delito contra la vida y la salud de los trabajadores en concurrencia con un delito de lesiones por imprudencia grave. Por ello, acusa al técnico de prevención de riesgos laborales, al jefe de obra y al coordinador de seguridad de la empresa a dos años de prisión a cada uno. También solicita más de 300.000 euros de indemnización para el trabajador.
