La decisión se conoce una semana después de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmasen un convenio de prevención de riesgos labores para dotar a la carrera fiscal de protección en materia de seguridad en el ámbito de su trabajo.
La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda presentada por una asociación de fiscales contra el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas en la que solicitaban un plan de prevención de riesgos laborales específico.
“No existe razón alguna por la que los miembros de la carrera fiscal deban tener un plan de prevención distinto del elaborado por el Ministerio de Justicia”, señala la sentencia de la Sala de lo Social.
Según el tribunal, la obligación de planificar la actividad de prevención de los riegos laborales de los fiscales es del Ministerio de Justicia, como departamento de la Administración General del Estado, y no de la Fiscalía.
La sentencia se conoce una semana después de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmasen un convenio de prevención de riesgos labores para dotar a la carrera fiscal de protección en materia de seguridad en el ámbito de su trabajo.
La demanda que ha resuelto el tribunal fue presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y a ella se adhirió la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera-.
Entre otras reclamaciones, la asociación pedía a la Audiencia que se declarase que las instituciones demandadas incumplieron con sus obligaciones y comprometieron la seguridad y salud de los fiscales en su trabajo.
Sin embargo, la Sala señala que lo que se pretende con dicha petición es que haga “un juicio valorativo del nivel de protección” que tienen los fiscales “sin que la controversia se centre en un conflicto determinado, lo que resulta rayano en la falta de acción”.
Tampoco considera que haya una “situación de desprotección por parte de los miembros del Ministerio Fiscal” que derive de un incumplimiento de la legislación en materia de prevención riesgos laborales.
En la vista celebrada el pasado mes de enero, las asociaciones reprocharon a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que les enviara a trabajar “de forma temeraria” en plena pandemia “sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales” y exponiéndoles a un “contagio letal” de Covid-19.
Fuente: Expansión
Te puede interesar:
Logra la incapacidad absoluta tras 25 años de pleitos
GMV y ANYbotics se asocian para revolucionar las inspecciones industriales a través de la robótica autónoma
AECIM realiza asistencias técnicas gratuitas a empresas que deseen supervisar sus equipos a presión
La Fundación España Activa y Freno al Ictus unen fuerzas para concienciar sobre el ictus
