Nuestro modelo de movilidad genera impactos que afectan al bienestar, a la calidad de vida de los trabajadores/as, a la competitividad de las empresas y a la economía nacional. La exclusión social por falta de vehículo o permiso de conducción; las congestiones de tráfico; las dificultades para conciliar la vida laboral y la familiar por el tiempo dedicado a los desplazamientos; los costes por el uso de uno o más vehículos en propiedad en la unidad familiar; el ruido del tráfico y los efectos negativos sobre la salud; las emisiones de gases de efecto invernadero; el elevado consumo de energía , la dependencia energética externa y de los combustibles derivados del petróleo; son, entre otros, impactos que conviene no olvidar.
Teniendo en cuenta el escenario descrito, la transición energética en nuestro país exige reducir el consumo de energía en los desplazamientos relacionados con el trabajo, mediante el aumento de la cuota modal de los medios más eficientes –desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público y la optimización de los desplazamientos en vehículo privado con el uso de tecnologías más eficientes, y con vehículos compartidos. Sólo el transporte y la movilidad representan el 42 % del consumo de energía final de nuestra economía.
