El Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales CCOO y UGT han firmado un acuerdo para la mejora y modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), coincidiendo con el trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la norma. El acto ha estado presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los secretarios generales de ambos sindicatos.
Durante la firma, Díaz fue contundente al señalar que “la democracia no puede permitirse dos muertes al día en el trabajo”, en referencia a las cifras oficiales de siniestralidad laboral. Entre enero y noviembre de 2025, fallecieron 686 personas trabajadoras en su puesto de trabajo o en los desplazamientos vinculados al mismo, además de registrarse cerca de 575.000 accidentes laborales con baja, unos datos que evidencian la persistencia de un problema estructural en la prevención.
El acuerdo es fruto de los trabajos desarrollados en la Mesa de Diálogo Social, activa desde febrero de 2024, y da continuidad a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, consensuada con agentes sociales y comunidades autónomas. El objetivo declarado es adaptar el marco normativo a las transformaciones profundas del trabajo, que han dejado obsoletos algunos enfoques de la ley vigente desde 1995.
Entre los principales compromisos recogidos en el texto figura la integración efectiva de la perspectiva de género en la prevención, con el objetivo de garantizar una protección real de la salud laboral en trabajos y sectores donde los riesgos han estado tradicionalmente invisibilizados. Asimismo, el acuerdo incorpora la diversidad generacional, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población activa y la convivencia de distintas generaciones en los centros de trabajo.
Otro de los ejes centrales es la equiparación de los riesgos derivados del trabajo a distancia y de la falta de desconexión digital al resto de riesgos laborales, reconociendo explícitamente su impacto sobre la salud, especialmente en el ámbito psicosocial. En esta línea, el acuerdo pone el foco en la salud mental, el estrés laboral y las nuevas formas de organización del trabajo ligadas a la digitalización.
El texto firmado también prevé el desarrollo reglamentario específico para abordar dos ámbitos hasta ahora insuficientemente tratados en la normativa preventiva: los riesgos asociados al cambio climático, como las temperaturas extremas, y los riesgos psicosociales, cuya gestión sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema preventivo.
Desde el Ministerio de Trabajo se subraya que la futura reforma de la LPRL será una norma “clave” para preservar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. No obstante, el verdadero alcance del acuerdo dependerá de cómo se traduzcan estos compromisos en obligaciones concretas, recursos suficientes y mecanismos eficaces de control y seguimiento.
Treinta años después de su aprobación, la modernización de la Ley de Prevención vuelve a situar el debate en el centro: si el sistema preventivo será capaz, esta vez, de anticiparse a los riesgos reales del trabajo actual o seguirá reaccionando cuando el daño ya se ha producido.
