La nueva regulación sobre movilidad sostenible convierte los desplazamientos al trabajo (especialmente los in itinere) en un ámbito que ya no se puede tratar como “externo” a la empresa: pasa a ser organizable, planificable y prevenible, con impacto en seguridad vial, salud laboral y sostenibilidad.
El eje práctico es la exigencia de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) en centros que superen determinados umbrales de plantilla (más de 200 personas trabajadoras o más de 100 por turno, también en sector público en condiciones equivalentes). El plan debe negociarse con la representación de las personas trabajadoras, incorporar medidas preventivas (horarios, alternativas al vehículo privado, teletrabajo cuando proceda, formación en seguridad vial) y establecer seguimiento periódico mediante informes cada dos años durante su vigencia.
Además, se refuerza la “trazabilidad” y el uso de datos (diagnóstico de patrones de movilidad, horas punta, accesos, aparcamiento), y en ciertos contextos de alta ocupación se prevén medidas adicionales orientadas a reducir congestión y promover opciones de bajas/cero emisiones. En conjunto, la movilidad deja de ser solo un tema ambiental: se consolida como una palanca preventiva para reducir siniestralidad vial laboral y mejorar el bienestar.
