La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un paquete de alegaciones para impulsar una reforma profunda de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), coincidiendo con el cierre del plazo de consulta pública del anteproyecto. Entre sus principales demandas figuran una mayor atención a la salud mental, la regulación de los riesgos ligados a la digitalización y la hiperconectividad, el refuerzo de los recursos preventivos y la incorporación de colectivos hoy excluidos del ámbito de aplicación de la norma, como bomberos, policías o personal de Vigilancia Aduanera.
Según la organización sindical, tras más de tres décadas de vigencia, la normativa actual ha quedado desfasada frente a los cambios del trabajo contemporáneo. CSIF sostiene que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un trámite burocrático sin impacto real en la seguridad y salud de las personas trabajadoras, y reclama un cambio de modelo con más prevención efectiva, menos burocracia, más control ante el incumplimiento y una mayor participación de los trabajadores en las decisiones preventivas.
Uno de los ejes centrales de sus propuestas se sitúa en la salud mental y los riesgos psicosociales. CSIF plantea que las evaluaciones de riesgos psicosociales sean obligatorias cada dos años, propone planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo, y reclama la incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención, así como la creación de una Unidad Técnica especializada en riesgos psicosociales. Junto a ello, pide regular de forma más clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la conectividad permanente, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.
Otro de los apartados destacados de las alegaciones se refiere a los recursos preventivos. El sindicato denuncia que la externalización de la prevención ha favorecido, en algunos casos, modelos de bajo coste que no garantizan una protección adecuada. Por ello, propone establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos de prevención y personal sanitario en los servicios preventivos, reforzar las plantillas y asegurar una carga de trabajo adecuada. También plantea mejorar la coordinación entre administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud mediante sistemas de información más eficaces.
En materia de participación, CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención. Entre las medidas planteadas figuran un crédito horario adicional de al menos 40 horas, acceso real a la documentación preventiva, presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas, y comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.
La organización también defiende que la futura reforma debe proteger a todos los sectores sin excepciones. En este sentido, reclama una regulación específica para actividades de especial riesgo en el sector público y propone medidas de protección a lo largo de toda la vida laboral, como la adaptación de puestos y el retorno progresivo tras bajas, la vigilancia de la salud más allá del empleo y una mayor protección en situaciones de maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.
Desde CSIF advierten de que la reforma no debería quedarse en un mero ajuste técnico. A su juicio, la actualización de la LPRL representa una oportunidad para reorientar de forma real las políticas preventivas hacia los nuevos riesgos del trabajo y hacia una protección más efectiva de la salud laboral.
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