El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado la licitación del Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales para los ejercicios 2027 y 2028, con un valor estimado de 913.223,16 euros, IVA excluido. El contrato tiene una duración prevista de 24 meses y se tramita mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada.
La licitación tiene por objeto la contratación del servicio de prevención ajeno para el conjunto de actuaciones necesarias en materia de seguridad y salud laboral dentro del ámbito municipal. El anuncio clasifica el contrato dentro de los servicios de sanidad de las empresas, e incluye también servicios relacionados con la formación en materia de seguridad, así como formación en salud y primeros auxilios.
Entre los criterios de adjudicación, destaca que la oferta económica tendrá un peso de 49 puntos, mientras que la calidad supondrá 51 puntos, valorándose específicamente el incremento de los medios humanos adscritos a la ejecución del contrato por encima de los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas. Este reparto resulta especialmente relevante, ya que sitúa la dotación técnica y humana por encima del precio como elemento de valoración.
El plazo para la presentación electrónica de ofertas finaliza el 29 de abril de 2026 a las 23:59 horas, y la apertura pública está prevista para el 18 de mayo de 2026 a las 11:30 horas en el Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores.
Esta licitación pone de manifiesto la importancia de contar con servicios especializados que permitan garantizar una adecuada gestión preventiva en las administraciones públicas. En un ayuntamiento de gran dimensión, el servicio de prevención ajeno no debe entenderse únicamente como un cumplimiento formal, sino como un soporte técnico clave para evaluar riesgos, planificar medidas preventivas, impulsar la vigilancia de la salud, desarrollar formación y reforzar la cultura preventiva en la organización.
El contrato incorpora además una referencia expresa a la contratación estratégica, con el objetivo social de promover condiciones de trabajo justas, lo que refuerza la conexión entre prevención de riesgos laborales, calidad del empleo y responsabilidad institucional.
