El Gobierno catalán ha aprobado el Proyecto de Ley de accesibilidad, que pretende conseguir una sociedad inclusiva y accesible que garantice la máxima autonomía, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para todos, especialmente para las personas que presentan discapacidades. El texto, impulsado por el Departamento de Bienestar Social y Familia en la anterior legislatura, comienza así con la aprobación de su tramitación parlamentaria.
Cataluña fue pionera en España en la regulación y la implementación de medidas de accesibilidad con la aprobación, en 1984, del primer decreto de supresión de barreras. Desde entonces, han ido surgiendo diversas disposiciones normativas vigentes en esta materia. Esta normativa ha supuesto un avance importante, pero con el paso de los años, todavía hay personas con discapacidad física, sensorial o intelectual, así como personas mayores o con alguna otra discapacidad funcional que viven situaciones de desigualdad de oportunidades, de discriminación y de dificultades en la participación social y en el ejercicio de sus derechos, debido a la existencia de barreras físicas, arquitectónicas o de actitudes.
La coexistencia de tantos textos normativos dificulta la aplicación por parte de los profesionales, así que el nuevo texto simplifica toda la normativa existente en esta materia. Además, despliega toda la diversidad de disposiciones de accesibilidad y, al mismo tiempo, unifica, coordina y establece los criterios de aplicación, ejecución y control de la norma, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y de ajustes razonables. Para garantizar su cumplimiento y la correcta aplicación de la legislación, prevé un régimen de sanciones e infracciones.
El proyecto de ley también prevé impulsar un plan de formación dirigido a técnicos y agentes que intervienen en los ámbitos relacionados con la accesibilidad, así como medidas de difusión a la sociedad en general.
Según los últimos datos de que dispone el Departamento de Bienestar Social y Familia, en junio de 2012 en Cataluña había 476.468 personas con una discapacidad reconocida, una cifra que supera el 6% del total de la población.
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