La anunciada Ley de Unidad de Mercado, que próximamente publicará el ejecutivo de Rajoy, tiene una importancia estratégica para hacer frente y salir de la crisis económica que padecemos. Que la ley se publique pronto y entre en vigor al día siguiente o no puede suponer que la crisis económica se alargue más tiempo o menos.
A nuestro país le hace falta una herramienta de máximo rango que armonice la disparidad de criterios que las comunidades autónomas han ido desarrollando de forma individual y en ocasiones totalmente descoordinada de tal suerte que actividades económicas cuya referencia de control a modo de autoridad reside en la comunidad autónoma tienen diferentes tipos de interpretación en una u otra.
La cuestión no es tanto si la futura ley será interpretada de forma similar en todas las comunidades –que también lo es- la cuestión es la capacidad que tenga el propio estado para superponer normativas de alcance nacional a todos los territorios y éstos a su vez garanticen el cumplimiento de la misma, es decir, garanticen la seguridad jurídica de aquellos operadores que tienen regulada su actividad y que actúen de forma supraautonómica e incluso interestatal en la Unión Europea. Que el propio estado sea capaz de dar las máximas garantías a las empresas u operadores en todos los territorios de nuestro país.
Si ocurriese lo contrario el desbarajuste y conflicto que se crearía sería tremendo y por tanto se produciría la vulneración de uno de los preceptos fundamentales de un estado contemporáneo de economía libre de mercado, como en la actualidad vemos que en algunas actividades ocurre: la seguridad jurídica de los operadores que por sus características productivas están sometidos a autorizaciones y comercializan bienes y/o servicios.
Esta futura ley es, por consiguiente, una oportunidad única que tenemos en España para atraer más inversión y animar a empresas y profesionales a funcionar libremente por el territorio sin las trabas que en muchas ocasiones se crean por la disparidad de criterios e interpretación en las comunidades autónomas y que ya ha sido advertido en numerosos informes de la Unión Europea.
Esta futura ley, a mi criterio, debería ir acompañada además de otras reformas normativas promovidas y acompasadas por el Gobierno sobre materia competencial de las comunidades autónomas, entendiendo que en una sociedad moderna, asuntos estratégicos para la economía, como es la regulación de ciertos operados y las actividades que estos desarrollan, debe ser objeto de la Administración Central, quien diseñe y regule las condiciones y actividades de estas entidades con criterios homogéneos y no dependientes de la aplicación que cada comunidad considere implementar.
Como ejemplo y centrándonos en el sector que conozco -servicios de prevención ajenos de riesgos laborales- como entidades acreditadas y reguladas por la autoridad laboral, puedo adelantar con cierta preocupación que, de las numerosas reuniones mantenidas con altos cargos de la Administración de este país donde analizamos conjuntamente los problemas propios de nuestra actividad, en cuanto a la disparidad de criterios interpretativos de la norma que nos encontramos en las diferentes regiones y reflejo negativo que tiene sobre la economía, aún no saben responder cómo se aplicará la futura ley, si bien es cierto que hasta que no se conozca la redacción final que se publique no podremos saber las particularidades de la misma pero si podemos interpretar el espíritu que viene reflejado en su título y pretender, en el periodo de modificaciones que se encuentra ahora, incidir en la aplicación de esta en los diferentes sectores de actividad, como el nuestro, en pos de un libre mercado y, por qué no decirlo, del sentido común.
Esperemos que esta futura ley de unidad de mercado sea una oportunidad no perdida para crear criterios únicos y compartidos en nuestro estado y por tanto sea una herramienta que genere la máxima seguridad jurídica, dotando a todos los operadores de un sector con idénticas reglas de juego al tiempo que se ofrecerá a aquellos operadores regulados una imagen solvente y seria de administración mediante la unidad de criterios homologables. Que no sea una norma que se pueda interpretar y desarrollar de forma distinta y en ocasiones colisione entre las diferentes autoridades del estado en perjuicio claro de aquellas empresas que operamos en diferentes territorios y que, no olvidemos, creamos y mantenemos puestos de trabajo y riqueza, con el efecto necesario que eso tiene en la coyuntura actual en la que vivimos.
Rubén Rodríguez Martínez
Empresario y presidente de la Federación ASPA (patronal de los servicios de prevención)
