Las mutuas de accidentes de trabajo han pedido al Gobierno que les permita destinar un porcentaje del resultado económico de cada ejercicio a dotar su patrimonio histórico y a rebajar las cuotas de las empresas asociadas, por que, si no es así, “desaparecerán”.
La asociación de mutuas de accidentes de trabajo (Amat) ha explicado en un comunicado que el reciente proyecto de Ley de Mutuas, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 18 de julio y que inicia ahora su trámite parlamentario, “no da respuesta a sus demandas y es contrario a lo esperado”.
A juicio de Amat, el proyecto de Ley debería salvaguardar el necesario grado de libertad en la organización y gestión interna de las mutuas, perfeccionando su régimen de responsabilidad, de forma que “sus auténticos responsables, los empresarios asociados, sean los que tomen las decisiones sobre las mismas”.
Asimismo, ha considerado fundamental establecer un marco de libre y leal competencia entre las mutuas, que son asociaciones empresariales de carácter privado y sin ánimo de lucro, autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para gestionar las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Así, Amat ha pedido que se refuerce la “virtud esencial de las mutuas”, es decir, el aprovechamiento de las ventajas de la actuación de entidades privadas para ofrecer mejores prestaciones públicas.
En este sentido, ha recordado que en los últimos diez años la gestión de las mutuas ha contribuido a dotar directa e indirectamente con casi 18.000 millones de euros los Fondos de la Seguridad Social, así como con otros 1.369 millones el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada “hucha de las pensiones”.
En el proyecto de Ley de Mutuas se regula la figura del presidente de las mutuas y se definen las retribuciones del personal directivo y las funciones del gerente.
Asimismo, se limita las cuantías con las que se constituirán las reservas de estabilización en cada ámbito de la gestión, de forma que el excedente de cotizaciones que acumulan las mutuas se reintegre a la Seguridad Social.
Esto liberaría más de 2.000 millones de euros procedentes de la regularización de la reserva de estabilización de contingencias profesionales que podrían destinarse a mejorar la liquidez del sistema, según el proyecto de Ley.
Imagen CC por {tyn}
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