Esta norma constituye una nueva regulación del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, requerida por la necesidad de actualización completa del Sistema del organismo.
Según declara su Exposición de motivos, la norma se inserta en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización, simplificación y modernización de las Administraciones Públicas y viene justificada por la necesidad de adecuarla a reformas legislativas producidas, el traspaso de la función pública inspectora a las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Cataluña que requería adaptar el modelo organizativo, y la necesidad de reforzarla institucionalmente a fin de mantener su efectividad.
Las referencias efectuadas en el ordenamiento jurídico a la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, se entenderán hechas a esta ley.
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