Dentro del Plan Estratégico de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, el Pleno de la Institución ha aprobado el Programa de Fiscalización para el año 2016. Entre los principales objetivos marcados en este programa se encuentran el de contribuir a la mejora de la calidad económico-financiera pública y al buen gobierno, con especial hincapié en fiscalizar aquellas prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción.
Con el propósito de ofrecer una mayor información, este año el programa introduce, por primera vez, una distinción entre las fiscalizaciones que están previstas que sean aprobadas por el Pleno de la Institución durante el año natural, de aquellas otras que serán aprobadas en 2017.
Otra de las novedades de este programa es la incorporación en las directrices técnicas de fiscalización de un nuevo ámbito: la verificación del cumplimiento, por parte de las entidades fiscalizadas, de los preceptos de transparencia que están establecidos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Al mismo tiempo, continuará prestándose especial atención a verificar que se observe la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo aquello que pueda tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras, como se viene haciendo regularmente desde los últimos años.
El programa incluye las fiscalizaciones que el Tribunal de Cuentas tiene que realizar en cumplimiento de un mandato legal, las que son solicitadas por las Cortes Generales (y, en su caso, por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas) y las propuestas por la propia Institución. En este último punto, el Tribunal contempla, entre otras iniciativas, la fiscalización de cuestiones especialmente relevantes desde el punto de vista económico-financiero, como por ejemplo: la de diversas actividades económicas de gestión y de control que han sido desarrolladas en el ámbito de la Administración General del Estado, y de sus organismos y la del proceso de reestructuración bancaria. También incluye fiscalizaciones en: materia de reestructuración en los sectores públicos empresarial y fundacional y en el sector público local, así como las relativas a indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos de determinadas entidades del sector público local.
En el ámbito empresarial, por su parte, se prevé fiscalizar, entre otras operaciones, las derivadas de otorgamiento de avales y garantías, así como de las actividades relacionadas con las infraestructuras del transporte terrestre y con la protección del medio ambiente.
Por otra parte, y con el objetivo de abordar aquellas áreas de singular riesgo en el conjunto del sector público, el programa contempla, también, fiscalizaciones sobre contratación y subvenciones, y de las actuaciones desarrolladas por las comunidades y ciudades autónomas, en relación con los planes económico-financieros y de ajuste.
Asimismo, y atendiendo a las deficiencias que el Tribunal de Cuentas ha observado en el régimen de contabilidad y de control de los órganos que tienen una dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado, la Institución considera necesario elaborar una “Moción relativa al régimen contable y de control de los órganos constitucionales” que permita elevar a las Cortes Generales las propuestas que redunden en una mejora de los citados ámbitos de actuación de estos órganos.
Por último, el programa incluye las fiscalizaciones de los partidos políticos y de los procesos electorales: por una parte, las que fiscalizan los estados contables de los partidos y las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 y, por otra, las de las contabilidades de las elecciones generales y locales celebradas en 2015.
El programa se encuentra publicado en la Sección de Fiscalización de la página web del Tribunal (www.tcu.es)
