Tras una legislatura fallida, toca en estos días de campaña electoral, volver a escuchar las promesas electorales de los diversos partidos que conforman el panorama político de nuestro país. Si bien, como dice el refrán “hechos son amores, y no buenas razones”, los que nos dedicamos al ámbito preventivo, podemos servirnos, en esta ocasión, de la oportunidad de valorar las actuaciones y criterios que recientemente han mostrado, con respecto a nuestra actividad, los grupos parlamentarios que conformaban la Cámara Alta hace unas semanas, al margen de lo que pueda aparecer en sus programas, de cara a la siguiente legislatura.
El pasado 20 de abril, el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, publicaba la Proposición no de Ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso, consistente en la realización de determinadas reformas legislativas, que con la intención de mejorar la integración de la actividad preventiva en las empresas, considera que debe priorizarse la asunción de la prevención con recursos propios.
En la exposición de motivos de dicha PNL, se hace alusión a la prevención, como medio eficaz para reducir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, destacando que las estadísticas refleja una mayor prevalencia en las pymes, debido a su menor concienciación, mayor desconocimiento, y una escasa integración de la actividad preventiva.
Las causas que se mencionan son:
- La insuficiente disponibilidad de recursos con formación preventiva en la empresa.
- La externalización mayoritaria de la gestión de la actividad preventiva, no percibiéndola como algo propio.
Por ello, se considera preciso adoptar medidas legislativas por las que se impulse, promueva y se haga efectiva la integración de la PRL, ya que las modificaciones realizadas a este respecto de la Ley 31/1995 y del Real Decreto 39/1997, no han arrojado los resultados deseados, siguiendo por el camino de la externalización, que ha supuesto cada vez más un deterioro y mercantilización de este sector.
También se hace alusión al hecho de que la trasposición de la Directiva Marco 89/391/CEE, se haya hecho de forma inadecuada, ya que dicha norma europea impone al empresario la obligación de designar uno o varios trabajadores para llevar a cabo las tareas protección y prevención de los riesgos y recurrir a la competencias ajenas si las de la empresa resultan insuficientes, mientras que permitir al empresario que opte por una u otra opción, no garantiza el efecto útil de la citada Directiva, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En consecuencia, se indica en dicha exposición de motivos que resulta preciso asumir una reforma legal para que las empresas estén obligadas prioritariamente a designar trabajadores frente a la opción de recurrir a un servicio de prevención ajeno, no resultando estas opciones equiparables en lo que se refiere al cumplimiento de los fines preventivos. La eficacia de un sistema preventivo que ahonde en la mejora de la salud de los trabajadores, pasa por lograr un sistema preventivo centrado en la incentivación y el máximo aprovechamiento de los recursos propios y en el perfeccionamiento de la complementariedad de los recursos ajenos.
Por todo ello, se tramita la Proposición no de Ley que inste al Gobierno a iniciar un diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales con el fin de adoptar las modificaciones legislativas oportunas para potenciar la integración de la actividad preventiva en la empresa, priorizando los servicios y medios propios, frente a los ajenos.
Tras la admisión a trámite por la Mesa del Congreso, en su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, los distintos grupos parlamentarios van exponiendo sus argumentos a favor o en contra, tal y como se reflejan en los siguientes párrafos.
En su defensa, la Sra. Cancela Rodriguez, representando al Grupo Parlamentario Socialista que la ha propuesto, hace alusión a que dicha temática se debate, precisamente, el día antes del que conmemora la seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional. Habla de vida, de integridad física y psicológica de los trabajadores y trabajadoras, de derechos y obligaciones para el empresariado y para la clase trabajadoras, así como para los poderes públicos, como es el cumplimiento de la normativa y la sanción del incumplimiento. Alude a las cifras alarmantes de siniestralidad, cuyo índice de incidencia se incrementa en todos los sectores de actividad y grados de gravedad, inseparables del modelo de mercado laboral, las condiciones de trabajo, la precarización y temporalidad laboral, justificadas por la crisis económica para el incumplimiento de la normativa preventiva o el mero cumplimiento formal o documental sin integración real, falta de formación específica y/o ausencia de recursos preventivos. Califica a la prevención como el medio más eficaz para reducir los accidentes y enfermedades laborales, incidiendo en que las pymes (que conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial nacional) es donde los índices de siniestralidad son mayores. Por ello, uno de los apartados destacables de la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, se refiere a su capacidad para poner en marcha medidas eficaces para prevenir el riesgo en el trabajo. Su implicación resulta insuficiente, además de porque sus recursos carecen de formación suficiente, por la externalización mayoritaria de la gestión preventiva hacia los servicios de prevención ajenos, lo que ha supuesto el deterioro y mercantilización de la PRL.
Añade que a pesar de las modificaciones de la Ley 31/1995 y del Real Decreto 39/1997 que han tenido por objetivo mejorar la integración de la actividad preventiva, la regla general ha sido la externalización. Destaca que hay un déficit de partida a resaltar, en la trasposición al ordenamiento español de la Directiva-marco 89/391/CEE, ya que esta impone al empresario la obligación de designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la protección y prevención de los riesgos, estableciendo como subsidiarios acudir al ámbito externo siempre y cuando su capacidad sea insuficiente. Permitir al empresario optar entre las dos posibilidades indistintamente, tal como establecen literalmente, los artículos 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el artículo 10.1 del Reglamento de los servicios de prevención, supone incumplir la Directiva, tal y como ha ratificado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Por ello, afirma la Sra. Cancela, es necesaria una reforma legal para que la norma general sea la designación de trabajadores o trabajadoras en labores preventivas. El servicio de prevención ajeno, será eficaz sólo como complemento de la labor preventiva integradora, por eso se plantea que, a través del diálogo social, se acuerden las medidas legislativas para potenciar la integración, priorizando los medios propios frente a los ajenos, modificando las normas legales actuales.
El Sr. Barandiaran Benito, representante del Grupo Vasco, realizó una pequeña intervención al respecto, expresando su postura no coincidente, por entender que la doctrina no es unánime entre los autores que han opinado sobre la posibilidad de externalizar los servicios de prevención laboral, si bien, se ha señalado que para que exista una verdadera política de PRL, se ha requerido siempre la existencia de dos elementos: una modalidad preventiva de calidad y que esta estuviera bien integrada en el seno de la empresa. A ese efecto, entiende este grupo parlamentario que no es la Directiva la que ha señalado prioridades, sino la que permite la posibilidad de existencia de ambas modalidades, sin tomar claro partido por ninguna de ellas, sino planteando la existencia de garantías, de calidad, en la prestación del servicio. Así, la modalidad de asesoramiento externo, debería ser de igual calidad y efectiva que las otras modalidades propias. Consideran que la eficacia para la integración no reside en una modalidad concreta, sino en el compromiso del empresariado en integrar la política preventiva, no creyendo que exista doctrina ni política europea tendente a evitar la externalización.
El Sr. Campuzano y Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), manifiestan compartir la preocupación de la iniciativa del Grupo Socialista, en cuanto a que existe un problema en materia de PRL, si bien, expresan su falta de convencimiento de que la solución tenga que ver con hacer asumir a las empresas directamente, las actuaciones, frente a los servicios ajenos, por ello, informan de que se abstendrán en la votación.
Reclaman que más allá del buen sentido y voluntad de la propuesta, la discusión se sustentara en datos objetivos que permitiesen evaluar los problemas de los servicios ajenos y las responsabilidades de los Gobiernos para garantizar la calidad de dichos servicios. Intuye que pretender descargar la responsabilidad de gestionar las políticas de prevención sobre las pymes y las microempresas es irreal, tal y como está regulada hoy la PRL. En cualquier caso, considera que la próxima legislatura puede ser una buena oportunidad para revisar la Ley de 1995 y profundizar en estas cuestiones.
El Sr. Cano Fuster, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, manifiesta que apoyará las iniciativas que vayan encaminadas a una verdadera seguridad e higiene en el trabajo, en el seno de las empresas españolas, sin embargo, tras leer la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la sensación de que a todas las pymes y micropymes les da igual la seguridad e higiene en el trabajo, lo que parece ser fruto de su escaso conocimiento de las circunstancias de estas empresas. Asegura el Sr. Cano, que nuestras empresas tienen como prioridad la vigilancia y prevención de la salud de sus trabajadores, ya que son el activo más importante de cualquier empresa. Por ello, considera que circunscribir la proposición no de ley les parece un auténtico error.
En base a los datos de microempresas españolas, pregunta si creen los diputados que no les preocupa la seguridad de sus trabajadores, si estas empresas pueden asumir con recursos propios la prevención de seguridad e higiene en el trabajo y si pueden asumir con recursos propios el servicio médico de prevención de la salud. Afirma que estas empresas bastante tienen con intentar levantar la persiana todos los días e intentar sobrevivir y pagar sus impuestos, la Seguridad Social y la nómina de sus trabajadores y que les resultará imposible poder destinar una persona a formarla en estos asuntos. Indica que si se quiere ayudar a cerrar más empresas y destruir más puestos de trabajo, se continúe por esta senda, pero que si lo que se ha detectado es que las empresas prestatarias de los servicios de seguridad e higiene los realizan de manera deficiente o poco efectiva, se debería incidir en el control y obligación de que se preste el servicio de forma acorde a la normativa vigente y no descargar todo el peso sobre estas materias en las pymes que no tienen recursos para poder llevarlo a cabo.
La Sra. Vidal Sáez, por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, destaca de que de vez en cuando se debata sobre accidentalidad, siniestralidad y al fin y al cabo, de personas, con familias, que en algunos casos han muerto en sus puestos de trabajo, porque hay ciertas visiones economicistas, y le cuesta entender este tipo de debates. Es bueno que cuando se hable de accidentalidad, de salud, al fin y al cabo de estar bien en nuestro trabajo, es bueno enfocarlo desde esta perspectiva.
Hizo referencia a un accidente acontecido en Lorca el día anterior, donde 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridos, contratados por una ETT, cuando se dirigían a su puesto de trabajo, recalcando que era bueno que los diputados no se quedaran en el simple lamento o en la tristeza, sino que actúen y analicen qué se puede mejorar.
Los números dicen que hay un brutal aumento de la siniestralidad laboral, tanto en desplazamientos in itinere, como durante las jornadas de trabajo. Proporciona las cifras de accidentes de trabajo de 2015 y su incremento con respecto al año anterior, considerándolos motivos de peso, y haciendo hincapié en que se producen principalmente en las pequeñas y medianas empresas, a las que otros diputados consideran que no nos podemos acercar.
Afirma que desde 2012 asistimos a una continua escalada de accidentes de trabajo, no siendo aventurado decir que son consecuencia de la regresión de las políticas preventivas derivadas de la reforma del Partido Popular. Supone que lo importante debe ser trabajar, el cómo no debe serlo para sus señorías, ya que las precarias condiciones de trabajo nos han llevado a un cierto estado de emergencia de salud laboral y el recorte en materias de salud y seguridad está matando a personas. Sabe que suena grave, pero es que es así.
Califica la última Estrategia Española de Seguridad e Higiene en el Trabajo como poco ambiciosa, aunque establece unas líneas de actuación importante, pero por desgracia, está paralizada desde su lanzamiento, por diversos motivos.
Indica que la necesidad de situar la mejora de la seguridad en el trabajo en el centro de las condiciones de trabajo, es imprescindible, y por ello, las medidas contempladas en la PNL del PSOE son importantes, pero deberían ir acompañadas de la reversión de las últimas reformas en materia de mutuas, porque han supuesto la privatización de los servicios públicos sanitarios en favor de empresas de intereses privados; acompañarlas también del incremento de dotaciones económicas y de recursos humanos, de medidas de prevención de riesgos de carácter psicosocial, o emergentes de los factores sociolaborales (considera que esto cuesta, pero que es muy importante), también deberían ir acompañadas de la recuperación de la negociación colectiva como instrumento básico de intervención en materia de seguridad y salud, y de la regulación legal de la figura de los delegados de prevención territoriales y sectoriales, dotándose de elementos de participación en la pequeña y mediana empresa, que es donde acontecen la mayoría de accidentes de trabajo; y por supuesto, ir acompañadas de la derogación de las dos reformas laborales, la del Partido Socialista y la del Partido Popular.
La precariedad nos mata, afirma la Sra. Vidal. La salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar, físico, psíquico y social; social, sí, porque la posición que se ocupa en la sociedad afecta, ya que es un elemento colectivo. Frente a la accidentalidad y a la siniestralidad la mejor política siempre es la prevención, por ello entienden que hay motivos de sobra para la aprobación de esta proposición no de ley y para la reacción política.
La Sra. Renés Calvache, del Grupo Parlamentario Popular, hace referencia a las medidas previstas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, respecto a la gestión de la prevención en las pymes, van referidas especialmente a potenciar la integración de la prevención en la empresa, continuando con la línea marcada por la estrategia anterior. Alude a que este es un documento de consenso entre las administraciones públicas y los interlocutores sociales y compromete actuaciones y medidas, configurándose un instrumento que orientará las políticas públicas en los próximos años, en sintonía con el marco europeo.
Está de acuerdo en que una parte de las empresas, sobre todo las pymes, tienen dificultades para cumplir, integrar y aplicar las disposiciones legales sobre PRL, coordinación de actividades empresariales y salud laboral, debido a su falta de conocimientos y recursos, que es lo que justifica que se encuentren en el centro de las acciones diseñadas en esta estrategia.
En lo que se refiere a priorizar la organización de las actividades de protección y prevención, señala que ya se han introducido modificaciones en la normativa para favorecer la integración y que los empresarios puedan asumir de forma prioritaria la prevención, con medios propios, si tiene hasta 10 trabajadores, o incluso hasta 25 si cuentan con un único centro de trabajo; detallando incluso algunas de ellas, como la simplificación documental, la dispensa de la obligación de auditoría, el apoyo y asesoramiento público y que el INSHT elabore una guía para la aplicación de la normativa por las pymes y microempresas, aparte de contar con otras guías y documentos técnicos, metodologías y herramientas para facilitar el cumplimiento de la normativa y fomentar la realización de las actividades con recursos propios.
En el I Plan de acción 2015-2016 de la nueva estrategia española, se recogen medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad y aplicación de la normativa preventiva, entre las que se encuentra el diseño de un espacio específico en la web del INSHT para las pymes que facilite el acceso, el conocimiento y la aplicación de la normativa, así como el establecimiento de un sistema de incentivos a las empresas que contribuya eficazmente a la reducción y prevención de la siniestralidad.
Indica que respecto a la supuesta trasposición inadecuada de la Directiva 89/391/CEE, debe rechazarse esta afirmación, ya que en modo alguno puede ponerse en duda la aplicación del Derecho Comunitario en nuestro país. La citada Directiva fue oportunamente traspuesta en la Ley 31/1995, dándola por válida la Comisión Europea sin que en ningún momento se haya sancionado a España por la inadecuada trasposición, afirmación validada reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que el Tribunal de Luxemburgo ha señalado que la adaptación del derecho interno de una directiva no exige necesariamente una reproducción formal y textual de sus disposiciones en una disposición legal expresa y específica, y que en función de su contenido puede ser suficiente un contexto jurídico general, siempre que este último garantice efectivamente la plena aplicación de la directiva de manera suficientemente clara y precisa.
Para acabar, la Sra. Reynés dice que la premisa que en todo momento ha marcado el enfoque de la estrategia 2015-2020, ha sido crear un marco de referencia de las políticas públicas preventivas que sea dinámico y que permita adaptarse a los cambios que se produzcan en un entorno de permanente evolución, como es el de la PRL. Para ello, se ha evitado prefijar medidas concretas en cada uno de los objetivos específicos, por lo que aquellas se irán acordando y planificando en función de las necesidades, prioridades y recursos disponibles en los planes de acción, de modo que podrán tener cabida medidas que hoy no se contemplan pero que en los próximos años pueden resultar imprescindibles por su relevancia o urgencia.
Finaliza indicando que rechazarán la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
En consecuencia, y a través de una cuestión que se considera tan delicada para el sector como es darle un giro importante a la legislación para promulgar la asunción de la PRL por el empresario o sus trabajadores, relegando a las empresas preventivas a meras funciones de asesoramiento, para la mayor parte de las pymes y microempresas, tratando así de hacer efectiva la integración real y efectiva de la seguridad y salud laboral, pueden deducirse las distintas posturas políticas de los grupos parlamentarios y ayudarnos a los profesionales en la materia a discernir quienes se sienten más implicados con nuestros problemas y dificultades y quienes los consideran irrelevantes, al menos, en estos momentos.
Confío en que la transcripción de este trámite parlamentario pueda ayudar, especialmente a los indecisos, a elegir a aquellos que mejor nos representen y gobiernen en los próximos cuatro años. Feliz día de la Democracia, de nuevo.
