La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC), dependiente de la Generalitat, ha sancionado con 180.000 euros por una infracción muy grave a la empresa química IQOXE por la explosión que causó la muerte de tres personas en Tarragona en enero de 2020.
Se trata de la sanción más alta que prevé la legislación en materia de infracción de las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales, y la compañía ya ha anunciado que presentará alegaciones ante la misma.
La investigación de la Inspección de Trabajo de Cataluña determina la responsabilidad de la empresa en los hechos ocurridos en la planta de La Canonja (Tarragona) y constata la gravedad de la infracción “por los diversos incumplimientos preventivos de seguridad y salud laboral” durante el proceso de producción de una sustancia química, conocida como MPEG 500.
Este accidente laboral se produjo el 14 de enero de 2020 como consecuencia de la explosión de un reactor de la factoría, dedicada a la producción de óxido de etileno y otros derivados, que causó la muerte de tres personas (dos trabajadores de la planta y un vecino de Tarragona) y heridas a otras cuatro.
La Inspección de Trabajo de Cataluña ha informado este viernes de que la propuesta de sanción, basada en la gravedad de la infracción, es el resultado de una “exhaustiva” investigación y un “complejo” análisis de documentación.
La ITC ha recordado, asimismo, que previamente ya había tramitado un acta de infracción por obstrucción contra la empresa “por las continuas dilaciones en la entrega de la documentación requerida por la Inspección y los obstáculos puestos en el curso de las actuaciones”.
En paralelo a la propuesta de sanción, la ITC ha planteado que IQOXE asuma un recargo de prestaciones a la Seguridad Social de las personas afectadas por el accidente por la falta de medidas de seguridad y salud laboral.
El secretario de Trabajo del Departamento de Empresa y Trabajo, Enric Vinaixa, ha subrayado que la Generalitat está en contacto con la Fiscalía y los juzgados de Tarragona, ya que la causa del accidente continúa abierta por la vía penal.
En declaraciones a los periodistas, Vinaixa ha apuntado que la información que tiene la Inspección está en manos de la Fiscalía “para que se decida si hay posibles delitos penales contra el derecho a la seguridad y la salud de las personas”.
CCOO ha valorado muy positivamente la resolución de la Inspección, ya que da la razón a las denuncias del sindicato por incumplimientos en materia de prevención y seguridad.
