En 2024 se registraron 17.070 agresiones a empleados públicos y en lo que va de 2025 dos trabajadoras han sido asesinadas mientras desempeñaban su labor. Ante esta situación, la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) ha puesto en marcha la campaña “STOP Agresiones”, bajo el lema “Agredirme no es la solución. Respetarme, sí”, con el objetivo de visibilizar y combatir la violencia externa contra quienes trabajan en los servicios públicos.
La secretaria de Prevención y Salud Laboral de FAC-USO, Ana Avilés, presentó la iniciativa en Santander y subrayó que se trata de “una campaña estatal para concienciar y frenar la violencia que sufren profesionales de la sanidad, bienestar social, administración, prisiones, aeropuertos, emergencias, empleo y otros sectores”.
“Queremos visibilizar la violencia externa que padece el personal público y concienciar tanto a usuarios como a trabajadores y a la propia Administración. Es imprescindible denunciar cada agresión y, sobre todo, adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de quienes prestan estos servicios”, afirmó Avilés.
Una realidad intolerable
Los últimos datos son contundentes: dos trabajadoras han perdido la vida en 2025 —una en Extremadura, en un centro de inserción sociolaboral, y otra en Galicia, en el sector de ayuda a domicilio— tras sufrir agresiones externas.
A esto se suman las más de 17.070 agresiones registradas en la sanidad pública en 2024, lo que supone un incremento del 16 % respecto a 2023 (14.706). Otras cifras alarmantes son las 1.866 agresiones en Andalucía (362 de ellas físicas), las 281 registradas en Instituciones Penitenciarias entre enero y mayo de 2025, o el aumento del 60,4 % en el SEPE en 2023 respecto al año anterior.
Víctimas invisibles
Avilés denunció “la invisibilidad de muchos casos en sectores donde las agresiones se diluyen en la estadística general de accidentes laborales. Lo que no se nombra no se protege. Las Administraciones y empresas públicas no pueden mirar hacia otro lado: tienen la obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores”.
La dirigente sindical recordó que detrás de los números hay vidas concretas: “Hablamos de profesionales que cada día sufren insultos, amenazas, humillaciones y agresiones físicas. No son estadísticas frías, son compañeros y compañeras que ven vulnerada su seguridad e incluso su vida, mientras trabajan para la ciudadanía y merecen respeto”.
Reivindicaciones de FAC-USO
Con “STOP Agresiones”, FAC-USO exige de manera urgente:
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Protocolos de prevención y actuación actualizados y efectivos.
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Registro transparente y obligatorio de todas las agresiones.
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Atención médica, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico inmediato a las víctimas.
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Formación específica para el personal funcionario.
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Campañas institucionales de concienciación y tolerancia cero con sanciones ejemplares a los agresores.
Finalmente, Avilés señaló que los recortes en servicios públicos, la falta de recursos y las deficiencias organizativasson factores que favorecen el aumento de la violencia. “Es fundamental reconocer las causas para erradicar esta realidad. Hoy más que nunca, debemos defender el derecho del personal público a una protección integral en su trabajo y exigir a las Administraciones medidas eficaces de seguridad y prevención”.
