La industria alimentaria constituye uno de los pilares económicos más relevantes de España y de la Unión Europea, aportando un 2,6 % del PIB nacional y manteniendo una actividad esencial incluso en los periodos de mayor incertidumbre. En el marco del V Congreso Internacional Prevencionar, se presentó un estudio que analiza en profundidad la evolución de la accidentabilidad laboral en este sector entre 2018 y 2022, aportando una visión rigurosa y necesaria para comprender su comportamiento antes, durante y después de la pandemia.
El trabajo examina 127.148 accidentes con baja registrados en el periodo, lo que supone un 4,27 % del total nacional. A pesar de tratarse de una industria con alta variabilidad productiva y fuerte heterogeneidad interna, los resultados muestran una sorprendente estabilidad en el número de accidentes anuales, con cifras que oscilan entre los 23.217 casos en 2018 y los 27.620 en 2022. Asimismo, se registraron 101 accidentes mortales —un 2,69 % del total sectorial—.
Uno de los aspectos más relevantes analizados es la posible influencia de la pandemia COVID-19. Aunque el año 2020 mostró una ligera caída en el número de accidentes, esta disminución no fue significativa y, de hecho, el volumen continuó siendo superior al observado en 2018. Es decir, no se identifican cambios sustanciales en la incidencia ni en la gravedad atribuibles directamente al contexto pandémico. Las únicas variaciones relevantes en 2020 se asocian a factores como la edad y la hora del accidente, que mostraron comportamientos diferenciales sin vinculación clara con la pandemia.
El estudio también identifica variables que mantienen una relación significativa y constante con la gravedad de las lesiones durante todo el periodo: la actividad física realizada, la forma de contacto, el tipo de trabajo y la parte del cuerpo lesionada. Esto permite orientar futuras líneas de intervención hacia factores estructurales del proceso productivo.
Los autores subrayan la necesidad de profundizar en el análisis de las lesiones no mortales, por su enorme impacto económico y preventivo, y la importancia de desarrollar estrategias específicas que permitan reducir la siniestralidad en un sector esencial para la seguridad alimentaria y el tejido industrial del país.
