La incapacidad temporal (IT) se ha convertido en uno de los grandes focos de preocupación del sistema de protección social en España. No solo por su impacto sobre la organización del trabajo y la productividad de las empresas, sino por su creciente coste público, que en 2024 alcanzó los 16.500 millones de euros, convirtiéndose en el segundo mayor gasto del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), solo por detrás de las pensiones. Así lo confirma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su reciente Evaluación del gasto público en incapacidad temporal, elaborada en el marco del Spending Review 2022-2026 .
El informe desmonta una idea muy extendida: el problema de la IT no es médico, ni individual, ni coyuntural. Es, ante todo, un problema de diseño institucional y de gestión. El sistema se apoya en una separación estructural entre quien decide clínicamente la baja (el Sistema Nacional de Salud) y quien asume el coste económico (el INSS). Esta fragmentación genera un clásico problema de principal-agente, agravado por la falta de información compartida, la organización autonómica del sistema sanitario y la escasa capacidad de seguimiento preventivo de los procesos.
Los datos son contundentes. Entre 2017 y 2024, la IT por contingencias comunes ha experimentado un aumento de más del 60 % en su incidencia y un incremento cercano al 15 % en la duración media. Destacan especialmente los trastornos mentales, cuyas duraciones medias han pasado de 67 días a casi 100 días en apenas siete años. Sin embargo, el informe advierte que endurecer controles o cuestionar la legitimidad de las bajas no ataca el problema real.
Uno de los hallazgos más relevantes es el impacto de las políticas públicas sobre el comportamiento del sistema. La mejora de los complementos retributivos en la Administración General del Estado, que garantiza el 100 % del salario desde el primer día de baja, incrementó notablemente la probabilidad de iniciar una IT, aunque redujo su duración media. El efecto neto fue claro: más días totales de baja. Algo similar ocurre con la estabilidad contractual: pasar de contrato temporal a indefinido aumenta la probabilidad de iniciar una IT, sin que ello implique necesariamente un uso indebido del sistema.
El informe también pone el foco en un elemento clave para la prevención: la ausencia de información integrada. Hoy, la gestión de la IT apenas incorpora variables esenciales como el puesto de trabajo, la exposición a riesgos, la posibilidad de adaptación funcional, el teletrabajo o los patrones de reincidencia por empresa o sector. Además, existe evidencia de correlación entre las listas de espera del SNS y la duración de los procesos de IT, aunque la AIReF reconoce que la deficiente calidad de los datos impide evaluaciones sólidas.
Frente a este escenario, la AIReF no propone recortes ni reformas punitivas, sino mejor gestión. Entre sus recomendaciones destacan la creación de una plataforma de información integrada e interoperable, el refuerzo del papel del INSS en el seguimiento temprano, el apoyo real a la atención primaria y una mayor implicación de las empresas, especialmente las de mayor tamaño, en la gestión responsable de la incapacidad temporal.
La conclusión es clara y debería interpelar directamente a la prevención: sin datos, sin coordinación y sin enfoque preventivo, la IT seguirá creciendo. No por abuso, sino por un sistema que reacciona tarde y gestiona mal. Y eso, más que un problema sanitario, es un problema de gestión.
