
Jaime Andrés Senabre Pastor¹˒²
¹ Psicólogo. Consultor medioambiental, emergencias y recursos humanos.
² Investigador sobre percepción social del riesgo. Universidad de Alicante.
Resumen.
Este artículo presenta una revisión documental preliminar de cinco sucesos ferroviarios recientes en España: Adamuz, Urda, Gelida, Blanes-Maçanet y Martorell. Actualizada hasta el 10 de noviembre de 2026, incluye recomendaciones preventivas preliminares y el contexto laboral del momento. Desde la prevención de riesgos laborales (PRL), propone un marco teórico-exploratorio para plantear preguntas sobre exposición laboral, organización del trabajo y barreras de seguridad, sin reconstruir causas ni atribuir responsabilidades. Adopta un enfoque interdisciplinar que dialoga con la psicología social y del trabajo, los estudios organizacionales, la ingeniería de sistemas y el derecho penal. Articula cuatro conceptos propuestos por el autor (lotería del riesgo, disonancia estructural, sobreesfuerzo táctico e ilusión operativa del éxito), dimensiones cualitativas de percepción del riesgo (conocimiento, control percibido, gravedad anticipable y posibilidad de reducirlo) y la noción de “emergencias silenciosas latentes”. En conjunto, guían preguntas sobre quién se expone en cada tarea y quién dispone de información para reconocer los riesgos y actuar; sobre la adecuación entre exigencias y recursos, las compensaciones humanas, los márgenes de seguridad y el aprendizaje. También se abordan la normalización del riesgo; la seguridad psicológica como condición contextual para comunicar anomalías, fatiga y cuasi accidentes, especialmente ante el temor a represalias; y el riesgo permitido en sentido jurídico-penal, que no autoriza exposiciones evitables. La expresión “quiebra de las garantías sistémicas de seguridad” se emplea como categoría exploratoria para referirse a la posible pérdida de barreras, recursos o capacidad de las personas, los equipos y la organización para responder y mantener o recuperar la seguridad. Las propuestas son heurísticas, no explicaciones causales ni instrumentos validados para el sector ferroviario. Se identifican colectivos y tareas que requieren estudio, se reconocen los límites de la información pública y se precisa que el marco no sustituye las investigaciones técnicas o judiciales. Su aplicación sectorial requiere estudios específicos.
Palabras clave: prevención de riesgos laborales; seguridad ferroviaria; exposición laboral; accidentes e incidentes de transporte; prevención sistémica.
1. Introducción.
El sistema ferroviario requiere gestionar y coordinar infraestructuras, trenes, señalización, energía, comunicaciones, circulación y trabajo humano. Las averías y las condiciones ambientales pueden comprometer la operación y el mantenimiento. Si fallan varias barreras de seguridad, sus consecuencias pueden alcanzar a pasajeros y terceros. La prevención de riesgos laborales (PRL) exige examinar el peligro inmediato y las decisiones de diseño, organización, dotación, mantenimiento y coordinación que condicionan la exposición al riesgo.
Ninguna organización o comunidad puede anticipar todas las implicaciones de un desastre (Senabre Pastor, 2015); esa limitación debería impulsar la prevención, no normalizar la vulnerabilidad. Las inversiones en seguridad son un reflejo del valor social de proteger vidas y bienes (Hodgkinson & Stewart, 1991; Waugh & Hy, 1990; Senabre Pastor, 2015, pp. 108-110). En el sector del transporte y, en particular, en el ferrocarril, conviene revisar las decisiones sobre trabajo, mantenimiento, coordinación y barreras de seguridad.
Este artículo ofrece un análisis teórico-exploratorio de cinco sucesos recientes en España. Integra cuatro conceptos propuestos por el autor y un perfil cualitativo del riesgo, elaborado en otro ámbito de estudio, para formular preguntas en materia de prevención, sin atribuir causas ni responsabilidades. Las investigaciones técnicas y judiciales son las que han de examinar la causalidad y las responsabilidades en sus respectivos ámbitos. En paralelo, la PRL permite analizar las condiciones de trabajo y las barreras de seguridad (Ley 31/1995, arts. 14-16; Reason, 1997; Rasmussen, 1997).
2. Enfoque y procedimiento.
Se revisó información pública hasta el 17 de noviembre de 2026 sobre Adamuz, Urda, Gelida, Blanes-Maçanet y Martorell. Se consultaron organismos y operadores, notas técnicas, sindicatos, medios de comunicación de distintas líneas editoriales y entidades investigadoras. Se distinguieron hechos, hipótesis, recomendaciones y valoraciones, atendiendo a su diferente peso probatorio. Sobre la huelga convocada el 17 de noviembre, se incorporaron los comunicados y partes informativos disponibles al cierre de la consulta; como la jornada seguía en curso, esa información es provisional.
No se tuvo acceso a la totalidad de los registradores, expedientes, protocolos, registros de mantenimiento y jornada, entrevistas y peritajes. Esta revisión no es representativa ni permite estimar tendencias o niveles de riesgo; tampoco sustituye las investigaciones o inspecciones. Sus datos y valoraciones deberán contrastarse con las fuentes originales y con las conclusiones finales de las investigaciones.
3. Sucesos ferroviarios y cuestiones preventivas.
En Adamuz, el 18 de enero de 2026, un tren Iryo descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia. La agencia EFE informó el 30 de enero de 2026 de que el balance provisional ascendía a 46 víctimas mortales (EFE, 2026a). La información preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) situó el inicio del accidente en una fractura del carril, cuyo origen seguía bajo investigación (CIAF, 2026). La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) indicó que los indicios eran compatibles con que se hubiera producido una rotura franca -es decir, que el carril se hubiera partido por completo- y con que la rotura hubiera permanecido sin detectarse durante unas 22 horas. En ese intervalo habrían circulado 47 trenes; la AITAT pidió evaluar cómo detectar este tipo de rotura antes del paso del siguiente tren.
Según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -que es la entidad pública empresarial española que gestiona y construye la red ferroviaria del país-, desde 2017 se habían registrado 44 roturas francas en líneas de alta velocidad: 18 detectadas por circuitos, 17 por personal de infraestructura y 9 por maquinistas. Sin denominadores ni contexto comparable, los datos no permiten calcular frecuencias relativas ni atribuir responsabilidades; el origen de la rotura seguía pendiente de análisis de laboratorio. La evaluación preventiva debería considerar soldadura, materiales, inspección, mantenimiento, renovación, trazabilidad y alertas. Con la información conocida, no cabe concluir que hubiera señales previas claras ni tampoco que fueran detectadas e ignoradas (EFE, 2026d; Magariño, 2026; Tobar, 2026).
En Urda, el 28 de octubre, un tren de alta velocidad (AVE) colisionó por alcance con un Iryo detenido en la línea Madrid-Sevilla. La nota inicial de la AITAT comunicó 69 fallecidos y más de 200 heridos como balance provisional (AITAT, 2026). Describió una caída del sistema LZB (Linienzugbeeinflussung), el paso a circulación degradada mediante el BSL (Bloqueo de Señalización Lateral) y los intercambios entre el centro de control y los trenes. El LZB es un sistema de control de trenes con señalización en cabina y supervisión continua, cuya descripción está recogida en el Real Decreto 664/2015 (libro quinto, especificación transitoria 3, apartado 5ET3.1.1.1). La secuencia y la eficacia de las barreras de seguridad seguían bajo investigación (AITAT, 2026; Europa Press, 2026). El ministro de Transportes comunicó 170 incidencias del LZB en 2026, 13 en el tramo de Urda; faltan series, clasificación y denominadores para valorar frecuencia, gravedad o causalidad (EFE, 2026b). El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pidió revisar las reglas de circulación degradada (SEMAF, 2026). Las recomendaciones de la AITAT, fechadas el 6 y difundidas el 7 de noviembre, propusieron la “marcha a la vista” al reanudar la circulación tras una anomalía que obligue el uso del BSL, así como revisar protocolos para verificar y regularizar la posición de los trenes. La AITAT precisó que las recomendaciones no prejuzgaban las conclusiones finales de la investigación (El Debate, 2026; RTVE, 2026).
En torno al accidente de Urda, algunos medios de comunicación recogieron declaraciones de trabajadores y sindicatos sobre presión, dotación, experiencia y formación en los centros de control. Estas informaciones deben contrastarse con datos sobre turnos, carga de trabajo, pausas, formación y comunicaciones; por sí solas no prueban que esas condiciones causaran el accidente (Guerrero, 2026; Olías, 2026; Sela, 2026).
El 10 de noviembre comenzó una jornada de huelga convocada por SEMAF. El sindicato atribuyó el conflicto al incumplimiento de compromisos para reforzar estructuralmente la seguridad ferroviaria. Renfe cifró el seguimiento en el 19,6 % y denunció incumplimientos de servicios mínimos. La agencia Reuters recogió la versión sindical, según la cual los maquinistas respetaban esos mínimos y atribuían las incidencias a la gestión de los servicios programados. Este desacuerdo se incorpora como contexto laboral y de aplicación de compromisos, no como prueba de una deficiencia preventiva concreta ni como causa de los accidentes (EFE, 2026e; Renfe, 2026a; Reuters, 2026).
En una entrevista concedida a COPE el 16 de noviembre, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, que asumía temporalmente las competencias de Transportes tras la dimisión del anterior, cifró en 19.000 millones de euros las necesidades de inversión y mantenimiento ferroviario para los cinco años siguientes. También sostuvo que la prórroga presupuestaria no había paralizado las inversiones y reconoció que los accidentes mortales recientes habían afectado a la confianza en el ferrocarril. Son declaraciones ministeriales, no una comprobación independiente del gasto ejecutado ni evidencia sobre las causas de los sucesos. Desde la PRL, esta información permite plantear cómo se concretan los compromisos en trabajos de mantenimiento, recursos disponibles y barreras de seguridad verificadas (COPE, 2026; EFE, 2026f), esto es, el anuncio de una inversión prevista no muestra, por sí solo, qué trabajos se harán ni si bastarán para mantener la seguridad; el marco de la PRL, invita a comprobar cómo se convierte ese compromiso en actuaciones concretas: qué mantenimiento se programa y ejecuta, qué personal y recursos se asignan, y cómo se comprueba que las barreras de seguridad funcionan.
El 17 de noviembre se celebró una nueva jornada de huelga, con convocatorias que afectaron a Adif, Renfe y operadores de viajeros y mercancías. Entre las reivindicaciones del Sindicato de Circulación Ferroviario figuraban el dimensionamiento de las plantillas, la planificación de los tiempos de control del tráfico, la actualización de limitaciones temporales de velocidad, la aplicación de una cultura justa y la formación en situaciones degradadas (Sindicato de Circulación Ferroviario, 2026). Durante las primeras horas se comunicaron alteraciones del servicio y discrepancias entre Renfe y los sindicatos sobre el cumplimiento de los servicios mínimos. La información disponible al cierre de esta revisión era parcial; las reivindicaciones sindicales y las incidencias de la jornada sirven para orientar preguntas preventivas, pero no acreditan por sí mismas deficiencias ni permiten vincularlas causalmente con los accidentes (El País, 2026; Renfe, 2026b). Algunos ejemplos concretos de preguntas con orientación preventiva serían: ¿son suficientes las plantillas y la formación para gestionar la circulación en situaciones degradadas?; ¿cómo se actualizan y comunican las limitaciones temporales de velocidad?; ¿qué procedimiento permite comprobar que las instrucciones se han recibido y aplicado? Cabe insistir en que estas preguntas para la revisión preventiva no presuponen que existan deficiencias ni que estas hayan causado los accidentes.
En Gelida, el 20 de enero, un tren de la línea R4 chocó contra un muro caído sobre la vía. Murió el maquinista y 37 personas resultaron heridas (Donate Mazcuñán, 2026). Deben examinarse la infraestructura y barreras de seguridad sin anticipar las posibles causas. Esa noche, un tren de la línea RG1 impactó contra una roca entre Blanes y Maçanet y perdió un eje, sin que se registraran heridos (Agència Catalana de Notícies, 2026). El 3 de noviembre, tres vagones cargados de cereal se desprendieron de un ramal y colisionaron con una locomotora en Martorell, sin haber determinado la causa (EFE, 2026c). El diario La Vanguardia recogió una hipótesis no confirmada sobre un posible desplazamiento accidental por un vehículo bivial (La Vanguardia, 2026). Estos sucesos plantean preguntas sobre drenaje, estructuras, obstáculos y coordinación, sin demostrar causas comunes ni equiparar su gravedad.
4. Alcance de la PRL y consecuencias para terceros.
El análisis preventivo debe incluir a maquinistas y personal de tripulación, personal de control y supervisión; personal de mantenimiento de trenes y vías; quienes trabajan en soldadura, señalización, catenaria, electricidad, telecomunicaciones e informática; y personal de inspección, ingeniería y obras, incluidas las plantillas de las empresas contratistas. Además del personal ferroviario, el análisis de PRL también debe considerar a los equipos de emergencia que intervienen tras un accidente, pues durante la respuesta pueden quedar expuestos a riesgos propios de la intervención.
Algunos de los aspectos que deben examinarse son el acceso a la vía, la proximidad a trenes y a instalaciones eléctricas en tensión, las cargas físicas, el trabajo a turnos, la fatiga, la atención sostenida y la coordinación entre empresas y equipos de intervención. La exposición no se presupone para cada grupo ni para cada suceso: debe concretarse según el puesto, la tarea y el momento, atendiendo a las condiciones de trabajo y a los controles existentes.
Entre las barreras y los procesos de seguridad del sistema están la integridad de la vía y del tren, la señalización, la separación entre circulaciones, el mantenimiento y la respuesta ante emergencias. Una pérdida de eficacia en alguno de ellos puede afectar directamente a viajeros y personal de a bordo. Durante la intervención, los equipos de emergencia también pueden quedar expuestos a riesgos laborales. Además, los accidentes pueden tener repercusiones indirectas en familiares y comunidades.
Los pasajeros y la población no se convierten por ello en trabajadores. Sin embargo, las medidas preventivas aplicadas a la cadena laboral también pueden contribuir a proteger a terceros, sin diluir las obligaciones de cada empleador.
5. Ejes o lentes para el análisis preventivo sistémico.
En este apartado, la expresión “lente” designa una perspectiva conceptual que ayuda a orientar el análisis preventivo; no se emplea como una variable medida ni como una explicación causal.
En 2015, el autor introdujo la noción de “emergencias silenciosas latentes” en el contexto de los incendios forestales para referirse a peligros de baja visibilidad preventiva que pueden persistir antes de manifestarse (Senabre Pastor, 2015, pp. 108-110). En este análisis, esta noción puede servir para orientar preguntas sobre si las señales, los fallos o los modos degradados se registran y reciben seguimiento. Su uso no presupone que un riesgo concreto fuera conocido o ignorado.
En 2019, el autor propuso un perfil social de percepción del riesgo de incendio forestal, elaborado con población general. Dicho perfil contempla dimensiones cualitativas como la voluntariedad, el conocimiento, el control, la exposición, la observabilidad, la gravedad anticipable y la posibilidad de reducir el riesgo, entre otras (Senabre Pastor, 2019, pp. 100-101). Aquí se retoman como preguntas orientadoras, no como una escala validada para el sector ferroviario.
La tabla 1 reúne los cuatro conceptos propuestos y el perfil cualitativo del riesgo como guías para formular preguntas. Su aplicación requiere datos sobre las condiciones reales de trabajo, mantenimiento y operación.
| Lente de análisis preventivo | Pregunta orientadora |
|---|---|
| Lotería del riesgo | ¿Qué decisiones de diseño, mantenimiento, inspección o circulación hacen que la exposición se concentre en ciertas tareas o personas? ¿Quién dispone de información, alternativas y capacidad para reducirla? |
| Disonancia estructural | ¿Coinciden las exigencias de seguridad y disponibilidad con los recursos, la dotación, el tiempo, la formación y los márgenes realmente disponibles? |
| Sobreesfuerzo táctico | ¿Se compensa alguna limitación mediante tareas simultáneas, pausas insuficientes, prolongación del trabajo o cargas extraordinarias? ¿Qué registros permitirían comprobarlo? |
| Ilusión operativa del éxito | ¿Se da por cerrado el análisis cuando un incidente se resuelve sin daños visibles, aunque se hayan consumido márgenes, repetido fallos o dependido de circunstancias favorables? |
| Perfil cualitativo del riesgo | ¿Quién está expuesto y quién puede intervenir? ¿Qué se conocía y qué podía observarse? ¿Qué gravedad cabía anticipar y qué medidas podían reducir el riesgo? |
5.1. Conceptos complementarios: riesgo permitido, normalización del riesgo y quiebra de las garantías sistémicas.
En actividades como el transporte, la intervención en emergencias y algunos deportes existen peligros que no siempre pueden eliminarse sin impedir la actividad. Esto no significa que cualquier exposición sea aceptable: los riesgos deben evaluarse y controlarse. En el ámbito jurídico-penal, el riesgo permitido sirve para valorar si una conducta peligrosa se mantuvo dentro de los límites admitidos, atendiendo a las precauciones exigibles y a las circunstancias (Gil Gil, 2025; Real Academia Española, 2025). No equivale a autorizar exposiciones laborales evitables. La literatura distingue entre aceptabilidad y tolerabilidad del riesgo, así como entre los criterios utilizados para valorarlas (Tchiehe & Gauthier, 2017). Por ello, ante un riesgo considerado tolerable conviene preguntar si está justificado y sujeto a revisión, o si se ha aceptado informalmente por repetición. La PRL exige una protección eficaz, evitar los riesgos y combatirlos en su origen (Ley 31/1995, arts. 14-16).
La normalización del riesgo describe cómo algunas señales de peligro o prácticas desviadas pueden llegar a parecer habituales cuando se repiten sin causar daños inmediatos. Una revisión sistemática relaciona la normalización de las desviaciones con la presión productiva, la cultura organizativa y la ausencia de consecuencias negativas, aunque señala que el marco disponible es preliminar (Sedlar et al., 2023). En el ámbito ferroviario, Naweed et al. (2015) estudiaron prácticas operativas y decisiones de conducción vinculadas con la normalización de desviaciones. Estos trabajos ayudan a formular preguntas, pero no demuestran que ese proceso se produjera en los sucesos aquí revisados.
Como hipótesis exploratoria, la normalización del riesgo puede relacionarse con las cuatro propuestas conceptuales del artículo. La ilusión operativa del éxito permite preguntar si la ausencia de daños se toma como prueba suficiente de que una práctica es segura. La disonancia estructural ayuda a examinar posibles diferencias entre las exigencias formales de seguridad y las condiciones reales de operación. La lotería del riesgo dirige la atención en cómo se distribuyen la exposición y la capacidad de decisión entre ocupaciones, tareas y posiciones del sistema, esto es, pregunta qué trabajadores soportan mayor exposición según su puesto y tarea, y si disponen de información y capacidad real para reducirla. El sobreesfuerzo táctico permite examinar si las personas compensan limitaciones de recursos o coordinación con un esfuerzo adicional que mantiene la operación, pero puede dejar vulnerabilidades menos visibles. Estas relaciones son propuestas para orientar el análisis, no representan vínculos causales demostrados.
Como complemento, la perspectiva Safety-II invita a estudiar cómo se obtienen resultados aceptables en las condiciones variables del trabajo cotidiano. Aprender de lo que funciona no significa que un resultado favorable demuestre, por sí solo, que el proceso haya sido seguro y sostenible (Hollnagel, 2014).
En este artículo, la expresión “quiebra de las garantías sistémicas de seguridad” designa, como categoría de análisis, una posible pérdida de la capacidad del sistema sociotécnico para proteger suficientemente a trabajadores, pasajeros y otras personas expuestas. Por sistema sociotécnico se entiende el conjunto formado por las personas, la tecnología, los procedimientos, la organización y las relaciones entre ellos. Su posible quiebra requeriría examinar, con evidencia técnica y documental, qué barreras existían, cómo interactuaban y si eran eficaces para mantener las condiciones de seguridad. Los enfoques sistémicos analizan cómo las interacciones entre componentes y las limitaciones de control pueden producir condiciones inseguras en sistemas complejos (Leveson, 2004). En el ferrocarril, por ejemplo, una avería técnica, un procedimiento insuficiente y dificultades de coordinación podrían combinarse y debilitar la seguridad. Esta hipótesis no implica que todos los componentes hayan fallado ni identifica por sí sola una causa individual. Las presiones, las adaptaciones y las interacciones entre componentes y niveles de la organización también pueden debilitar progresivamente el control de seguridad (Dekker, 2011; Leveson, 2004; Rasmussen, 1997).
5.2. La seguridad psicológica como condición contextual.
En este artículo, la seguridad psicológica se entiende como una condición que puede facilitar que los trabajadores expresen dudas, comuniquen anomalías, fatiga o cuasi accidentes y reconozcan errores sin temor a represalias, culpabilización o consecuencias profesionales. El concepto se relaciona con la posibilidad de asumir riesgos interpersonales -por ejemplo, plantear una preocupación o admitir un error- y con el aprendizaje en los equipos (Edmondson, 1999; Senabre Pastor, 2024a).
En el análisis preventivo, esta condición importa porque las señales de riesgo solo pueden ser atendidas si llegan a comunicarse y reciben una respuesta. Si los trabajadores temen las consecuencias de informar, puede producirse un silencio que deje algunas señales y vulnerabilidades fuera del conocimiento y del aprendizaje preventivo de la organización, y permita que ciertas desviaciones persistan. Esto se plantea como una posibilidad que conviene explorar, no como una afirmación sobre lo ocurrido en los sucesos examinados.
La seguridad psicológica no garantiza por sí sola que se comuniquen o corrijan los problemas. También cuentan los canales disponibles, la respuesta de la organización y el seguimiento de las alertas. Por ello, se incorpora como condición contextual que puede facilitar o dificultar la comunicación, no como una quinta lente. Una pregunta preventiva orientadora sería: ¿pueden los trabajadores comunicar anomalías, fatiga y cuasi accidentes sin temor a represalias, y qué respuesta reciben sus avisos?
La tabla 2 reúne, de manera resumida, los tres conceptos complementarios de análisis y la seguridad psicológica como condición contextual.
| Concepto o condición | Uso en el análisis preventivo | Pregunta orientadora |
|---|---|---|
| Riesgo permitido | Categoría jurídico-penal para examinar riesgos inherentes a una actividad y los límites en que podrían considerarse admisibles. No equivale a autorizar exposiciones laborales evitables. | ¿Qué riesgos residuales son inherentes a la actividad y qué evaluación, medidas preventivas y criterios justifican que se mantengan? ¿Se está tratando como inevitable un riesgo que aún podría reducirse? |
| Normalización del riesgo | Permite explorar si la repetición de una práctica, desviación o anomalía sin daños visibles ha hecho que parezca habitual o aceptable. Su presencia debe contrastarse con registros y condiciones de trabajo. | ¿Se repiten anomalías, fallos o desviaciones sin daño visible? ¿Se han vuelto habituales y qué registros permiten comprobarlo? |
| Quiebra de las garantías sistémicas de seguridad | Categoría exploratoria para examinar una posible pérdida o insuficiencia de barreras, recursos y capacidad coordinada para mantener o recuperar condiciones seguras. No constituye por sí sola un diagnóstico de los sucesos. | ¿Qué barreras y recursos debían proteger a trabajadores y pasajeros? ¿Estaban disponibles y podían responder ante la perturbación? ¿Qué evidencias permitirían valorar su funcionamiento conjunto? |
| Seguridad psicológica | Condición contextual que puede facilitar o dificultar que se comuniquen dudas, anomalías, fatiga y cuasi accidentes, y que la organización responda y aprenda de esas comunicaciones. | ¿Pueden los trabajadores plantear preocupaciones o informar de problemas sin temor a represalias? ¿Qué canales existen, cómo responde la organización y qué seguimiento reciben los avisos? |
Nota. El riesgo permitido se incorpora como categoría jurídico-penal y no implica aceptar preventivamente cualquier exposición inherente. Su análisis debe considerar la evaluación del riesgo y las medidas de control aplicables.
6. Implicaciones y conclusiones.
El objetivo central de este artículo es contribuir a orientar la formulación de preguntas preventivas desde la PRL, tomando como referencia cinco sucesos ferroviarios recientes. La revisión no pretende ofrecer una explicación causal común ni determinar responsabilidades. Propone examinar, por tarea y etapa del trabajo, quién pudo estar expuesto, qué información estaba disponible, qué barreras de prevención y seguridad existían, cómo se coordinaban los distintos equipos y empresas, y qué margen quedaba para responder ante otra posible perturbación.
Los sucesos corresponden a situaciones diferentes: rotura de carril, incidencia en la señalización y circulación degradada, caída de un muro, impacto con un obstáculo y desprendimiento de vagones. La información revisada no permite concluir que compartan una causa. Sí permite plantear líneas de indagación sobre la cadena laboral, desde la planificación y el mantenimiento hasta la operación y la respuesta, y sobre la eficacia de los controles en origen. Las medidas anunciadas tras el accidente de Urda ofrecen puntos concretos para el seguimiento; habrá que comprobar su aplicación y eficacia, pues no establecen por sí mismas las causas del accidente ni garantizan que el riesgo haya desaparecido.
Los cuatro conceptos propuestos por el autor y el perfil cualitativo de percepción del riesgo pueden actuar como lentes para ayudar a ordenar esas preguntas: cómo se reparte la exposición y quién dispone de información para actuar; si las exigencias se corresponden con los recursos disponibles; si el esfuerzo de los trabajadores compensa limitaciones; y si los resultados favorables ocultan la pérdida de márgenes de seguridad. Los conceptos complementarios amplían esa revisión: el riesgo permitido invita a distinguir los riesgos inherentes que se evalúan y controlan de las exposiciones evitables; la normalización del riesgo, a examinar si la repetición sin daños visibles hace que anomalías o desviaciones parezcan habituales; y la posible quiebra de las garantías del sistema de seguridad, a valorar si las barreras, los recursos y la capacidad de respuesta ofrecen protección suficiente. La seguridad psicológica se considera una condición contextual para que las señales de riesgo puedan comunicarse, reciban respuesta y contribuyan al aprendizaje.
En conjunto, se plantean como herramientas exploratorias que ofrecen preguntas orientadoras, no como explicaciones causales ni instrumentos validados para el sector ferroviario. Su aplicación requiere contrastarlas con información específica sobre trabajo, mantenimiento, operación y coordinación. No sustituyen las investigaciones técnicas o judiciales, pero pueden orientar la revisión preventiva de las condiciones que afectan tanto a los trabajadores como a pasajeros y terceros.
Referencias.
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Declaración de conflictos de intereses.
El autor declara no tener conflictos de intereses relacionados con este artículo, no mantener vinculación profesional, laboral o económica con el sector ferroviario y no haber recibido financiación para su elaboración.
Nota sobre el alcance del artículo.
Este artículo ofrece un marco teórico-exploratorio desde la prevención de riesgos laborales y una revisión documental preliminar de sucesos ferroviarios recientes. Los casos se utilizan como ejemplos para plantear preguntas preventivas sobre exposición laboral, organización del trabajo y barreras de seguridad. El texto no constituye una reconstrucción técnico-pericial ni establece causas o responsabilidades. Los ejes de análisis preventivo propuestos tienen carácter heurístico y no están validados para el sector ferroviario.
Sobre el autor.
Jaime A. Senabre Pastor es psicólogo y Jefe de Unidad de Bomberos Forestales, con 29 años de experiencia profesional. Consultor Medioambiental, Emergencias y Recursos Humanos. Su trabajo investigador y divulgativo se centra en la percepción del riesgo, la prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales, la seguridad, el estrés y el comportamiento humano en los servicios de emergencia y equipos de alto rendimiento, con especial atención a los dispositivos de bomberos forestales.














