La Incapacidad Temporal en España se ha convertido en uno de los grandes desafíos económicos, sanitarios y sociales del país. Según el informe “La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma”, presentado por la Fundación Economía y Salud, el gasto en IT por contingencias comunes alcanzó en 2025 los 33.000 millones de euros, un 14% más que en 2024 y más de un 60% de incremento en la última década.
El documento plantea la necesidad de una reforma estructural del sistema, basada en la sostenibilidad, la eficiencia y la responsabilidad compartida entre administraciones, sistema sanitario, agentes sociales, empresas y personas trabajadoras.
El presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez, destacó que el informe contiene propuestas de reforma y una hoja de ruta a corto y medio plazo articulada en torno a cinco decisiones clave para responsables políticos y administrativos.
Un problema que va más allá del gasto económico
Durante la presentación del informe, el doctor Vicente Pallarés, coordinador general del documento, profesor titular de Medicina en la Universitat Jaume I de Castellón y vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN, señaló que la Incapacidad Temporal cumple una triple función y que su impacto va mucho más allá del gasto económico.
Según explicó, la IT afecta también a la eficiencia sanitaria, a la legitimidad institucional, a la planificación de las empresas y a las relaciones laborales. El informe advierte de que el modelo actual presenta una importante ruptura entre salud y trabajo, lo que dificulta una gestión ágil, coordinada y adaptada a la realidad de cada proceso.
Hacia un nuevo paradigma de gestión
El estudio propone abandonar la gestión fragmentada y avanzar hacia una visión integrada, funcional y coordinada de la Incapacidad Temporal. Para ello, plantea dejar de entender la IT como un episodio rígido y estandarizado, y pasar a concebirla como un proceso dinámico, adaptado a realidades médicas y laborales complejas.
La propuesta se apoya en cinco grandes mandatos para modernizar el sistema:
Gobernanza integrada, para convertir la IT en un proceso sistémico y bien coordinado por todos los actores implicados.
Proteger sin cronificar, garantizando la salud de las personas trabajadoras sin generar situaciones de dependencia prolongada e innecesaria.
Renta sin desincentivos, asegurando la protección económica sin debilitar la cultura preventiva.
Equidad eficiente, preservando derechos y eliminando inercias operativas ineficientes.
Corresponsabilidad, alineando a sanidad, protección social, empresas y personas trabajadoras bajo un mismo propósito.
Pallarés defendió que la Incapacidad Temporal es un gasto imprescindible que refleja la capacidad del sistema para proteger, curar y sostener el empleo sin sacrificar la salud. En este sentido, apeló a una reforma serena, ambiciosa y basada en la evidencia.
La IT como pacto social
En la presentación del informe participaron también otros expertos, entre ellos Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León; Daniel García, subdirector general de Gestión de Incapacidad Temporal del INSS; Yolanda Valdeolivas, exsecretaria de Estado de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid; y Purificación Morgado, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca.
Morgado subrayó que la IT no debe entenderse únicamente como un gasto, sino como un pacto social. También advirtió de la complejidad institucional existente y de la necesidad de mejorar la colaboración público-privada, especialmente ante la saturación del sistema.
Entre las medidas señaladas, destacó la urgencia de alcanzar un pacto amplio que actualice el Real Decreto de Enfermedades Profesionales e introduzca los riesgos psicosociales, así como la necesidad de mejorar la formación médica en el ámbito laboral y económico y avanzar hacia la interoperabilidad de los sistemas de información.
Una hoja de ruta progresiva
El informe plantea una hoja de ruta estratégica a corto, medio y largo plazo.
A corto plazo, en un horizonte de uno a dos años, propone la simplificación normativa, la digitalización integral de los procesos y el refuerzo de los mecanismos de control y seguimiento en tiempo real.
A medio plazo, entre tres y cinco años, plantea reformar la gobernanza, rediseñar los sistemas de incentivos, crear unidades especializadas de gestión de IT y definir estándares homogéneos de evaluación.
A largo plazo, entre cinco y diez años, el documento apuesta por un cambio cultural orientado a la corresponsabilidad, el desarrollo de sistemas predictivos basados en inteligencia artificial y la consolidación de un modelo integrado de salud laboral plenamente interoperable.
Integrar salud y trabajo
La Fundación Economía y Salud defiende que la mejora del sistema requiere una integración real entre el ámbito clínico y el laboral. El objetivo es proteger sin aislar y curar sin retrasar, favoreciendo itinerarios flexibles y una vuelta gradual al trabajo cuando sea posible.
El informe identifica cuatro pilares fundamentales para esta transformación: la coordinación entre atención primaria, INSS, mutuas y servicios de prevención; la implantación de itinerarios flexibles; la prevención activa antes de que se produzca la baja; y una colaboración institucional basada en la eficiencia, la complementariedad y la transparencia pública.
Según el documento, estas medidas contribuirían a reducir el gasto público y los costes empresariales, mejorar el bienestar profesional, reforzar la productividad y la competitividad, y fortalecer la equidad y la confianza ciudadana en el sistema.
Informe La Incapacidad Temporal en España – Fundación Economía y Salud
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