Trabajo tiene lista la orden del ‘asalto’. La excusa: los ingresos de las mutuas crecerán un 10% por una supuesta recuperación del empleo, así que les sobrará dinero para gestionar bajas.
El Ministerio de Trabajo ha preparado una orden, que le permitirá arañar 275 millones de euros a las mutuas de accidentes de trabajo. El cómo llevarán a cabo la operación es sencillo: simplemente reducirán el porcentaje de recursos con el que cuenta estas instituciones privadas para gestionar los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (IT). Actualmente, de todo el dinero que aportan trabajadores y empresas para cubrir este tipo de bajas, la Seguridad Social traspasa una parte a las mutuas, ya que de ellas dependen la cobertura de 11,5 millones de personas.
Pues bien, es detrayendo una parte de esos ingresos que corresponden a las mutuas para la gestión de bajas laborales de donde la Seguridad Social espera obtener ese colchón financiero.
Pero el capítulo más enrevesado tiene que ver con las razones que esgrime Trabajo para llevar a cabo el golpe. La primera: que la evolución del gasto en prestaciones por IT de los trabajadores por cuenta ajena “se ha venido reduciendo de manera importante”. Y así es, la previsión es que en 2011 se dedique a este capítulo 2.476 millones, un 7,5% menos que el año pasado. Entre otros motivos, porque está demostrado que en épocas de crisis la gente es menos propensa a cogerse bajas.
El segundo motivo va por otros derroteros. El Gobierno alude a que los ingresos previstos para cubrir bajas temporales por parte de las mutuas ascenderán a 3.307,19 millones, una cifra que supera en un 10% a la que aparece en las Cuentas aprobadas para este año.
La controversia de este recortazo no se queda ahí. El encaje de bolillos que pretende llevar a cabo el Ejecutivo hará que para muchas mutuas no cuenten con el dinero suficiente para gestionar las prestaciones por IT, lo que podría traducirse en un déficit en la gestión de esta prestación. Esta medida supondrá tener que aplicar parte de las reservas de estabilización para tapar esos números rojos, con lo que se verá mermada su solvencia.
Otra consecuencia es que algunas entidades no podrán dotar el límite mínimo del 5% de sus resultados a la denominada reserva de estabilización.
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