Gestión tuvo acceso a la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST), que habría sido aprobada casi sin variaciones en el Consejo de Ministros la semana pasada y que se publicaría en breve.
El proyecto establece que solo tendrá pena de cárcel (de uno a cuatro años) el gerente que intencionalmente ponga en peligro inminente, y como consecuencia directa de su acción, la vida del trabajador y que se haya podido prever por incumplimiento de disposiciones de la LSST.
También se diferencian las penas. En caso de lesiones graves o de muerte del trabajador o terceros, de 4 a 8 años; en el caso de lesión grave, la sanción será de 3 a 6 años.
Exámenes médicos
Se reduce la contratación de exámenes médicos a trabajadores -hoy se realizan al ingreso, durante la relación y al cese- estableciendo que las empresas solo estarán obligadas a realizarlos al ingreso y cada dos años.
Respecto a los exámenes de salida, el proyecto establece que serán facultativos. Es decir, a solicitud del trabajador o el empleador, pero la empresa siempre asumirá ese costo si se realizaran. De este modo, el número de exámenes de un trabajador dependerá de la duración de su contrato con la empresa, la rotación del personal determinará la cantidad de exámenes.
Ello en razón de que los trabajadores, en su mayoría, cuentan con un seguro de salud, con lo cual la obligación de llevar a cabo tres exámenes médicos por trabajador que labora un año duplica la provisión de salud en cada uno de ellos.
Especialistas
Otro de los cambios es que se posibilitaría la contratación de empresas especializadas a cargo de la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las normas de seguridad ocupacional, sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley otorga a los empleadores.
Ello, considerando que, en general, las empresas no son especialistas en la LSST como para cumplir con el desarrollo, aplicación y la rendición de cuentas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y les resultaría difícil cumplirla, teniendo que incorporar dentro de sus planillas a personal especializado para esas funciones.
Permitiendo la contratación de empresas especializadas se aumentaría la protección efectiva del trabajador y se reducirían los márgenes de error en la implementación y cumplimiento de la ley.
El proyecto de ley busca lograr niveles efectivos de cumplimiento, pero con otra distribución de gastos, reduciendo costos en las empresas, aseguraron las fuentes.
