Acoso: ‘Los pantalones son para marcar los huevos’
Dos funcionarias policiales han presentado una denuncia contra tres mandos y dos policías por supuesto trato discriminatorio, acoso laboral, prevaricación y falsedad documental tras ser apartadas de la unidad responsable de la actuación policial en manifestaciones y disturbios. Según confirmaron fuentes jurídicas a esta redacción, el juzgado ya ha abierto diligencias por estos hechos pero ha suspendido la instrucción en tanto en cuanto no se resuelva la vía administrativa que también han iniciado las afectadas para recuperar sus derechos laborales: «La vía administrativa debe ser previa para conocer más detalles sobre las peticiones de ambas afectadas que se sienten despreciadas y perjudicadas por las decisiones tomadas por sus superiores por denegación de permisos, licencias, cambios de turnos o de servicio».
La denuncia la presentó en marzo la Unidad Federal de la Policía (UFP) y en ella el sindicato explica cómo los denunciados habrían usado su posición de superioridad para arrinconar a las afectadas. La Unidad de Prevención y Reacción es un Grupo del Cuerpo Nacional de Policía que presta sus servicios, en dependencia directa de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, desempeñando tareas de prevención y restablecimiento del orden público, colaboración con otras unidades policiales y reacción ante acontecimientos de especial gravedad. En Valencia, está integrada por tres grupos operativos: uno de motos y dos grupos denominados Sigma que, a su vez, está integrado por dos Subgrupos -Sigma 20 y Sigma 25-. Las dos únicas mujeres del grupo Sigma eran, en 2014, las denunciantes.
Según la denuncia, una de las afectadas estuvo adscrita a la Unidad de Prevención y Reacción desde 2008. En junio de 2013 comunicó a uno de los denunciados que estaba embaraza, «a los efectos de ser relevada del servicio de calle por razones de riesgo durante el embarazo y prevención de riesgos laborales». Al parecer, su superior «le indicó, contra cualquier tipo de previsión normativa, que a su regreso del permiso de maternidad debería solicitar un cambio de destino, por cuanto con dos hijos no podría mantener el nivel de servicio dentro de la unidad».
Cuando se incorporó tras su permiso de maternidad, la denunciante, quien también es delegada sindical, fue trasladada de equipo de trabajo hasta que el día 6 de febrero de 2015 le comunican que «esa noche no debía prestar servicio, y que cesaba en el grupo, debiendo incorporarse el lunes siguiente, 9 de febrero, en el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC)». Cuando pidió explicaciones a sus superiores le trasladaron que «no existía feeling».
La denuncia incluye declaraciones del superior denunciado afirmando que este grupo policial «no es para mujeres (…) siendo además, frecuente, que cuando se dirigía a la funcionaria le dijera, entre otras obscenidades y comentarios gruesos, que ‘quería que se tocaran pensando en él’ y ‘que los pantalones son para marcar huevos’».
La presunta situación de trato discriminatorio hacía la segunda agente se produjo a partir del año 2012 cuando su superior intentó que se quedara sin días de libre disposición. De nuevo, uno de los mandos trasladó de equipo a la policía, quien solicitó orden de cambio y motivación por escrito. Esta fue la respuesta según la denuncia: «Yo perfectamente puedo prescindir de las mujeres en este grupo». Ella, intimidada, desistió y se fue, aunque tiempo después regresó.
Fuente: El mundo
