Autor:
Alberto Resino – Responsable de Seguridad y Salud Laboral. Sindicato SAE
Hay quien piensa ahora que la pandemia le puede servir para ser má feliz. La situación crítica vivida durante el primer abordaje de la pandemia del covid19 ha sacado lo mejor y lo peor de muchos, así que ahora es el momento del análisis, la reflexión, el aprendizaje y la mejora.
Sabemos que alrededor de un 20% de las personas infectadas han sido trabajadores sanitarios. Eso parece un claro indicio de que se pueden hacer mejor las cosas para cumplir con la obligación legal de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. A continuación exponemos nuestra opinión al respecto de la gestión realizada por los responsables de los centros sanitarios y asistenciales tanto públicos como privados. En este contexto incluimos por un lado a los responsables políticos, que deben toman las decisiones estratégicas apropiadas para la mejora de la salud pública (es decir, de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores sanitarios) así como hacer el seguimiento de su implantación. Y por otro lado también nos referimos la los responsables técnicos bajo cuya dirección está la gestión del presupuesto asignado, la gestión técnica, la gestión de personal y también, al menos moralmente, la responsabilidad de promover en sus responsables políticos las mejoras necesarias.
Todos los centros de trabajo deben contemplar en su evaluación de riesgos y su planificación preventiva las medidas de emergencia (art. 20 LPRL), que en un hospital deben incluir obviamente cuestiones como una epidemia (una pandemia es una epidemia a escala global), y por lo tanto deberían haber dispuesto de equipos, materiales y EPIs apropiados en cantidad suficiente (Ley 31/95, art 17), sobre todo los básicos y de uso generalizado (guantes para virus, mascarillas para bacterias y virus, batas impermeables para bacterias y virus…) así como los equipos de trabajo (respiradores…), las instalaciones (previsión de aumento de camas de UCI), y procedimientos apropiados en los que se debe integrar los aspectos preventivos junto con los operativos (refuerzos de personal, redistribución de puestos y funciones, actualización de la formación…). Esta responsabilidad afecta al empresario, lo que supone como mínimo y empezando desde de abajo: servicio de prevención, dirección del hospital y consejería de sanidad.
Ahora bien, también hay que valorar si el servicio de prevención disponía de los recursos necesarios (suficiente personal, disponibilidad presupuestaria, protocolos y autorizaciones de compra,…) para atender esta cuestión además de las cotidianas (evaluación de riesgos, planificación preventiva, plan de emergencia, plan de seguridad y salud…) en tiempo y forma.
Es verdad que se ha producido una situación global de desabastecimiento de EPI, en parte por la voracidad predadora del mercado, y hemos visto cómo los trabajadores carecían de los EPI necesarios. Y también es cierto que ha habido una política de compras centralizadas por parte del Ministerio. Pero esto, en lugar de excusar a los gestores en realidad pone en evidencia su imprevisión y su desacato de la ley. Y a quién argumente que no se puede prever una pandemia, se puede responder que, tal como explicábamos antes, una pandemia es una emergencia previsible justamente en el ámbito sanitario, pues constituye uno de sus riesgos, y por tanto hay que evaluarlo y planificar las medidas apropiadas para afrontarlo, igual que se hace con los terremotos en las regiones sísmicas, o en la construcción de puentes e infraestructuras públicas considerando periodos de retorno de hasta 500 años. Y aunque lo anterior afecta tanto a centros públicos como privados, recordemos además que los centros privados tienen libertad para adquirir lo que consideren oportuno.
¿Qué pasaría si los cirujanos no dispusieran de escalpelos, gasas o elementos de sutura cuando los necesitan y los improvisasen con lo que encontrasen en su entorno en momentos de urgencia? No se si alguien se los imagina operando con una cuchillo, un pedazo de sábana, o aguja e hilo de costura.
El desabastecimiento de EPI ha provocado que en algunos casos no hayan se hayan utilizado EPI, en otros se hayan utilizado EPI inapropiados (mascarillas quirúrgicas en lugar de FFP” o en lugar de FFP3) y en otros EPI improvisados artesanalmente (bolsas de basura y plásticos pegados con cinta adhesiva), careciendo por tanto de garantías respecto de su adecuación y de información sobre los riesgos intrínsecos de los mismos, por ejemplo: deshidratación al cubrirse el cuerpo con bolsas de plástico o con EPI impermeables y poco transpirables. De hecho el miedo a infectarse por estas causas ha provocado que algunos trabajadores se negasen a beber y rehidratarse, lo que ha provocado casos de colapso y también, aunque menos evidentes, errores técnicos o de toma de decisiones así como un clima laboral más enrarecido por la fatiga física y mental asociadas.
Algunos gestores se han escudado diciendo que la compra de EPI estaba centralizada por el Ministerio. Otros gestores se han escudado en el hurto de los EPI para excusar su carencia. Y otros gestores argumentan, apoyándose en datos del stock, que los EPI estuvieron disponibles, aunque muy pocos son capaces de aportar evidencias de su entrega a los trabajadores. Y es que el mero hecho de que los tengamos almacenados no implica que los trabajadores dispongan de ellos en el momento y en el lugar precisos cuando surge la necesidad. Por un lado la gestión del stock debería incluir su custodia y la administración de medidas disciplinarias a los responsables de la misma en caso de mermas indebidas; y por otro lado es también esencial la gestión del proceso de puesta a disposición, que incluye la detección de necesidades, la comunicación de las mismas y la distribución de los EPI. Y común a ambos procesos (gestión del stock y gestión de la puesta a disposición) es la trazabilidad de ellos, que permitirá detectar los aspectos de mejora, además de proporcionar evidencias de la entrega de los EPI.
Un aspecto trascendental para evitar el contagio del trabajador es el uso correcto del EPI, lo que incluye su colocación, utilización, y retirada. Y para ello es importante primero consultar con los trabajadores acerca de su elección (para evitar por ejemplo molestias por el diseño o la talla) y luego, para logar un uso eficaz, facilitar la toma de consciencia acerca de los riesgos intrínsecos de los propios EPI o debidos un mal uso así como el entrenamiento sobre su uso correcto.
Otro aspecto esencial es vigilar el uso de los EPI y administrar las medidas de mejora apropiadas, que pueden incluir desde la revisión y mejora de los procesos de selección, información y formación hasta amonestaciones y sanciones. Y aquí se alía la difícil gestión de los procedimientos sancionadores a los funcionarios públicos con la mala imagen sindical de apoyar tales medidas en los casos oportunos. Y esta alianza de intereses políticos dificulta enormemente la mejora de la seguridad y salud de las personas que trabajan en la empresa. Esto es algo que quizás debería tratarse en los Comités de Seguridad y Salud, como órgano de participación y colaboración. Lamentablemente, en la generalidad de casos los Comités de Seguridad y Salud funcionan de como de una forma de confrontación en lugar de cooperación, y trabajan asuntos menores que deberían resolverse a través de los Servicios de Prevención y a través de los procesos operativos internos de la organización, en lugar de abordar las oportunidades de mejora más globales que demuestran esos asuntos menores. Parece como si el árbol no nos dejara ver el bosque.
Todo lo anterior son, evidencias en relación con la obligación de integrar la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, algo primordial para que funcione la PRL en todas actividades, en todos los niveles jerárquicos y en todas las decisiones, y para garantizar la mejora continua de los niveles de seguridad y salud de los trabajadores (Ley 31/95, art 16 y RD 39/97, art 1). La adecuación de la integración de la PRL debería ser comprobada en la reglamentaria Auditoría del Sistema de Prevención (RD 39/95, cap. V), sus deficiencias identificadas, y las medidas correctivas planificadas. Pero estas auditorías en muchos casos no se realizan, y en muchos casos las que se realizan son meramente formalistas perdiendo así su valor como herramienta de mejora continua. De esta manera se convierten en una barrera que ciega la visión de los gestores y que además puede alimentar su autocomplacencia, constituyendo entonces un obstáculo en la gestión de la seguridad y salud. Cuando esto sucede los gestores deberían ser capaces de identificarlo.
Sistemas de gestión y aprendizaje
Una de las cuestiones clave para la verdadera integración de la PRL es la concienciación y formación de los gestores (mandos directivos y mandos intermedios), y ahora nuevamente hacemos hincapié en la necesaria calidad demostrable. Es decir, no sólo habría que haber realizado las acciones destinadas a ese propósito sino que deberían haber logrado su objetivo, que debe ser demostrado con la mejora continua de los niveles de seguridad y salud. El seguimiento de esta mejora debe evidenciarse mediante el seguimiento de los KPI* apropiados y monitorizados a través de un cuadro de mando integral, por ejemplo, tal como sucede con otros sistemas de gestión. Entre los KPI más evidentes y más necesarios inicialmente están la reducción de índices de siniestralidad y la mejora en los resultados de las sucesivas evaluaciones de riesgos psicosociales.
De hecho, es probable que tanto la falta de consciencia de los gestores como el deslizamiento hacia el peligro estén influyendo en la inapropiada gestión de la seguridad y salud en el ámbito sanitario. El deslizamiento hacia el peligro forma parte de la dinámica de los sistemas organizacionales ocurre paulatinamente en el tiempo y de forma poco evidente. Consiste en el desvanecimiento de la percepción del peligro y la consiguiente relajación de las medidas de prevención, provocados por los buenos resultados obtenidos al tiempo que el mercado exige eficiencia (minimizar el esfuerzo para lograr objetivos). Es decir, que cuando las personas están bien durante largo tiempo el sensible equilibrio entre producción (gestión económica) y prevención (gestión de personas) se desestabiliza y nos acabamos preguntando ¿para qué gastar dinero en algo que está bien? Y esto lleva a la erosión de la inversión en seguridad y salud, lo que constituye un factor importante en la materialización de los grandes riesgos.
Estos errores que se han evidenciado ahora tan claramente, habitualmente permanecen ocultos, quizás porque los gestores carecen de una visión global; quizás también porque fallan los procesos de comunicación en una organización compleja y en cierto modo tradicional, rígida, parcelada y jerarquizada como sucede en el ámbito sanitario; quizás también porque la burocracia que representa la justificación documental típica de la PRL constituye una niebla que dificulta la visión, desvía la atención y desgasta las energías. El resultado es, en definitiva, que no se detectan los fallos del sistema en su conjunto y que no se comunican los fallos que se detectan (ya sean sistémicos o no), con lo que todas estas oportunidades de mejora quedan ocultas, permitiendo y fomentando graves daños a medio y largo plazo, con la consecuente pérdida de recursos.
En resumen, la actual pandemia ha demostrado que la gestión de la seguridad y salud de las instituciones sanitarias es mejorable a nivel sistémico porque la propia cultura organizacional en el sector sanitario, junto con la dinámica de evolución de la seguridad y salud en las organizaciones provocan que los gestores carezcan del nivel de consciencia y aptitud apropiados para detectar las oportunidades de mejora globales. En consecuencia incumplen la normativa de PRL y sus principios generales (establecidos como derecho mínimo indisponible en el art. 2 de la Ley 31/95), lo fomentan y lo permiten inconscientemente, y así generan riesgos y daños a la seguridad y salud de los trabajadores con el consiguiente menoscabo económico. Las evidencias más llamativas que han aflorado tienen que ver con la disponibilidad y uso de EPI. No obstante, esta es la punta del iceberg bajo la que subyacen oportunidades de mejora en los procesos de evaluación de riesgos, planificación, consulta y participación, información, formación, supervisión y mejora continua e integración de la gestión de seguridad y salud. Por lo tanto son responsables jurídicamente de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), la Ley de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/13), el Código Penal (LO 10/95), y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RDL 5/00).
Aunque quizás es más importante su responsabilidad moral en cuanto a la protección, cuidado y bienestar de las personas sobre las que tienen poder e influencia, de las que son responsables. Y esto les debería mover a gestionar lo necesario para analizar lo sucedido, detectar qué se debe evitar en lo sucesivo y qué se puede mejorar en adelante así como a diseñar, poner en práctica y supervisar las mejoras necesarias. En definitiva su principal responsabilidad es contribuir en la medida que puedan al aprendizaje y mejora de la organización para la que trabajan. Perseguir este propósito hará con certeza que logren mayores cotas de éxito, y sobre todo más satisfacción y felicidad. ¿No es eso lo que perseguimos en la vida?
*KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave del Desempeño)
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