La gestión del radón en los centros de trabajo ha dejado de ser una cuestión secundaria para convertirse en una obligación técnica, preventiva y legal. La guía elaborada por RADONSPAIN, firmada por Héctor Rodríguez-Solano Suárez, ofrece una síntesis muy útil para que los técnicos de prevención comprendan qué exige actualmente la normativa y cómo deben actuar ante este riesgo invisible.
El documento parte de una idea clave: el radón es un problema laboral real. Se trata de un gas radiactivo natural, inodoro e incoloro, que puede acumularse especialmente en sótanos y plantas bajas. La guía recuerda que es la segunda causa de cáncer de pulmón en España tras el tabaco, y que por cada incremento de 100 Bq/m³ el riesgo de cáncer de pulmón aumenta un 16%. Además, fija como referencia el nivel de 300 Bq/m³ de media anual en centros de trabajo.
Uno de los puntos más útiles del texto es su explicación del marco normativo vigente en España. La guía resume cómo se articulan el RD 1029/2022, el RD 1217/2024, la IS-47 del CSN, el CTE DB HS6, la LOE y el RITE, dejando claro que no son normas alternativas, sino acumulativas. Para los técnicos de PRL, este enfoque es especialmente relevante porque obliga a integrar la protección radiológica dentro de la evaluación preventiva ordinaria.
La guía también aclara quién está obligado a medir. En los municipios clasificados como Zona II, la medición es obligatoria en plantas bajas y sótanos de todos los centros de trabajo. En Zona I se considera muy recomendable, y en el resto del territorio sigue siendo una medida preventiva aconsejable, sobre todo cuando existe ocupación habitual en contacto con el terreno. La obligación afecta a oficinas, centros educativos, sanitarios, comercios, instalaciones industriales, infraestructuras y administraciones públicas, entre otros.
Otro apartado práctico es el dedicado a cómo medir correctamente. RADONSPAIN insiste en que la medición no puede hacerse de cualquier forma: debe intervenir un laboratorio acreditado ISO/IEC 17025, utilizarse una metodología válida y mantenerse una exposición mínima de tres meses, fuera del periodo estival, para obtener resultados representativos. Esto resulta especialmente relevante porque una medición mal planificada puede carecer de validez normativa.
En caso de superar los 300 Bq/m³, la guía detalla el protocolo de actuación: adopción de medidas provisionales, diseño de la corrección y verificación posterior. Subraya además un aspecto que conviene no trivializar: el proyecto de corrección no puede ser firmado por cualquier perfil, sino por un ingeniero o arquitecto habilitado conforme a la LOE, ya que un documento suscrito sin esa competencia podría carecer de validez legal.
Por último, el documento delimita con bastante claridad la responsabilidad del técnico PRL. Su función incluye identificar centros afectados, coordinar la medición, interpretar resultados, incorporar el riesgo a la evaluación y supervisar las actuaciones preventivas. Sin embargo, no le corresponde diseñar ni firmar el proyecto técnico de mitigación si no dispone de la habilitación exigida.
En conjunto, la guía de RADONSPAIN aporta una visión muy operativa del nuevo escenario regulatorio. Más que un simple recordatorio normativo, funciona como una hoja de ruta para técnicos de prevención que necesitan pasar de la teoría a la gestión efectiva del riesgo por radón en sus centros de trabajo.
